Los fiscales de Corea del Sur acusaron al presidente destituido Yoon Suk Yeol de cargos de insurrección por su declaración de la ley marcial.
Yoon intentó imponer la ley marcial a principios de diciembre, una medida que sumió al país en una agitación política y para muchos trajo de vuelta dolorosos recuerdos del pasado autoritario del país.
El presidente justificó la declaración acusando al principal partido de oposición de simpatizar con Corea del Norte y de actividades antiestatales, pero fue rápidamente revocada por el parlamento.
Yoon –quien niega haber actuado mal– fue destituido por el Parlamento y ha estado bajo custodia desde que fue arrestado la semana pasada.
Los fiscales anunciaron los cargos el domingo por la noche, hora local, convirtiendo a Yoon en el primer presidente en funciones en la historia del país en ser acusado formalmente.
“Con base en la investigación hasta ahora, no hay motivos para considerar ningún cambio en la orden de arresto emitida contra el presidente”, dijeron los fiscales en un comunicado este domingo. Y agregaron que “existen pruebas suficientes para sustentar los cargos”.
Durante las audiencias parlamentarias, los comandantes de Yoon testificaron que recibieron órdenes directas de derribar las puertas del parlamento para “sacar” a los legisladores que estaban dentro. Yoon niega esto.
Poco después de declarar la ley marcial, Yoon supuestamente le dijo al primer subdirector del Servicio Nacional de Inteligencia, Hong Jang-won, que debería aprovechar la oportunidad para “arrestar” a una lista de 14 figuras políticas y legales, incluido el líder de la oposición, y “limpiar todo”.
Yoon supuestamente dijo que daría al servicio de inteligencia la autoridad para iniciar una investigación de contrainteligencia y “apoyarla con fondos y personal incondicionalmente”.
Los detalles fueron revelados por primera vez a los periodistas por legisladores con conocimiento de la conversación, y Hong confirmó a CNN la veracidad del contenido.
La medida es el último desarrollo en una saga política iniciada por la declaración de ley marcial del presidente.
El presidente envuelto en la controversia había estado atrincherado en su residencia fortificada durante semanas, rodeado por su equipo del Servicio de Seguridad Presidencial antes de su arresto.
La Oficina de Investigación de Corrupción para Altos Funcionarios (CIO, por sus siglas en inglés) del país intentó detenerlo por primera vez a principios de este mes, pero fracasó después de un enfrentamiento de horas en el que soldados y miembros del equipo de seguridad presidencial bloquearon a unos 80 policías e investigadores de acercarse al complejo presidencial.
La CIO pudo arrestar a Yoon en su segundo intento, pero Yoon se ha negado a cooperar con cualquiera de las investigaciones.
El partido de Yoon desestimó la acusación, al calificar los registros de investigación del CIO como “ilegales”.
Sus abogados dijeron que “la fiscalía ha cometido un error histórico” en un comunicado, y afirmó que la declaración de ley marcial de Yoon no equivale a un crimen de insurrección.
Sin embargo, el principal partido de oposición, el Partido Democrático de Corea del Sur, acogió con satisfacción la acusación y pidió al tribunal que responsabilice a Yoon “por sus violaciones del orden constitucional y su pisoteo de la democracia”.
Con la acusación de este domingo, Yoon ahora enfrenta dos juicios: uno sobre su caso de destitución en el Tribunal Constitucional del país, que determinará su destino político, probablemente para la primavera, y decidirá si será formalmente destituido de la presidencia o reinstalado. El segundo es el caso penal de insurrección.
Yoon, quien es un exfiscal, podría enfrentar cadena perpetua o la pena de muerte si es condenado por liderar una insurrección, aunque Corea del Sur no ha ejecutado a nadie en décadas.
Según la ley surcoreana, un presidente en funciones tiene inmunidad de la mayoría de las acusaciones penales, pero el privilegio no se extiende a las acusaciones de insurrección o traición.
El exministro de defensa de Yoon, Kim Yong-hyun, algunos comandantes militares y jefes de policía también fueron previamente acusados tras la declaración de ley marcial de Yoon.
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