(CNN Español) — La gira que realizó esta semana por tres países africanos el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha dado mucho que hablar, e incluso ha generado confusión.
Su visita a Mauritania, Senegal y Gambia se produjo al tiempo que España hace frente a un fuerte desafío migratorio: el número de migrantes que han llegado al país de forma irregular ha crecido un 66% desde el 1 de enero hasta el 15 de agosto de este año, en comparación con el mismo período en 2023. Fueron 31.155 llegadas frente a las 18.745 del año pasado, según datos del Ministerio del Interior.
La situación llevó a Sánchez a promover memorandos de entendimiento en materia de migración circular con estos países, de donde procede parte de la presión migratoria, para gestionar este fenómeno de manera ordenada y segura.
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La firma de estos documentos llevó a algunos medios a afirmar que Sánchez se había comprometido a regularizar a 250.000 migrantes africanos a lo largo de los próximos años. Pero eso no es verdad, ya que el líder del ejecutivo español nunca lanzó ninguna afirmación ni compromiso al respecto, ni dio un dato de cuántas personas podrían beneficiarse con el programa de migración circular.
Lo que sí es cierto, tal y como reconoce el propio Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en base a cálculos de Naciones Unidas o el Banco de España, es que España requiere de alrededor de 300.000 trabajadores migrantes al año “para sostener el estado del bienestar”.
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Fomentar la migración circular
Desde el año 2000, España ha suscrito memorandos de migración circular con diferentes países, con el objetivo de regular la migración que llega al país.
Se trata de una herramienta que el Gobierno utiliza para cubrir las vacantes en aquellos sectores que tienen más dificultades para encontrar trabajadores y, al mismo tiempo, cooperar con otros países a nivel internacional.
Ahora bien, su singularidad reside en que las contrataciones son temporales, destinadas a cubrir puestos de naturaleza estacional. Esto quiere decir que una vez completado el trabajo, el migrante debe regresar a su país.
Actualmente, las contrataciones por este procedimiento se materializan a través de un contrato fijo discontinuo, una autorización de cuatro años de duración que habilita a trabajar un máximo de nueve meses al año, según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
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Esto permite que los migrantes beneficiados puedan venir todos los años a trabajar y retornen tras ese período, “con las garantías establecidas en su contrato de que serán convocados en la siguiente estación o temporada”, de acuerdo con el Ministerio.
Hasta este año, España mantiene programas de migración circular con Colombia, Ecuador, Honduras, Perú, Guatemala, Uruguay, Argentina, Marruecos, Mauritania, Senegal y Gambia. También mantiene instrumentos de colaboración en esta materia con Guinea, Guinea-Bissau, Cabo Verde, Malí, Níger, México, El Salvador, Filipinas y Paraguay.
En total, estos programas ya han beneficiado a 20.515 trabajadores en 2024, según el Gobierno.
El reto de gestionar la inmigración irregular
La inmigración irregular es una de las principales preocupaciones del Gobierno de España. El fenómeno se está sintiendo especialmente en el archipiélago canario, donde las llegadas por vía marítima se han disparado hasta el pasado 15 de agosto un 126,1% —pasando de 9.864 migrantes irregulares a 22.304 este año—, o en la Ciudad Autónoma de Ceuta, donde las llegadas por vía terrestre han crecido en el mismo período un 173,4% respecto al año anterior, según datos del Ministerio del Interior.
El incremento está ejerciendo una presión considerable sobre las capacidades de acogida de migrantes en esos territorios. En el caso concreto de Ceuta, los centros de acogida de menores se encontraban al 360% de su capacidad hasta el pasado 16 de agosto, según datos del Gobierno ceutí.
“Estamos en una situación insostenible, absolutamente límite”, afirmó en una entrevista con Televisión Española el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas. “Entran una media de diez (menores) por día, en el mes de agosto”, añadió Vivas, “pero si nos remitimos a la última semana, estos diez se convierten en veinte al día. Es decir, en diez días entran en Ceuta doscientos menores (de forma irregular)”.
En Canarias, el Gobierno del archipiélago asegura que actualmente están acogiendo a 5.500 menores que han llegado de forma irregular. Una cifra que podría elevarse a los 11.000 hasta finales de año, según previsiones de expertos citadas por el Gobierno local.
Canarias “difícilmente puede aguantar más en absoluta soledad este drama humanitario estructural”, se lamentó en los últimos días Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias.
Conocedores de esta situación, desde el Gobierno de España llevan meses trabajando en impulsar una reforma del artículo 35 de la actual Ley de Extranjería, donde busca abordar la situación de los menores no acompañados que llegan al país de forma irregular.
La reforma contemplaría la distribución de los menores migrantes entre las diferentes Comunidades Autónomas, para rebajar la presión a la que se ven sometidos los territorios que más inmigración irregular reciben.
Sin embargo, la propuesta de reforma no ha tenido éxito hasta el momento. A finales de julio, 177 diputados de las filas del Partido Popular, Vox y Junts per Catalunya en el Parlamento español votaron en contra de que este cambio normativo iniciara su tramitación legislativa.
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