(CNN) — Una nueva propuesta del Gobierno de Biden reduciría los pagos de los préstamos estudiantiles federales para algunos estadounidenses, y suspendería por completo los pagos para cualquiera que gane menos de US$ 30.600 al año.
“Hoy estamos haciendo una nueva promesa a los prestatarios actuales y para las generaciones venideras: sus pagos de préstamos estudiantiles serán asequibles”, dijo el secretario de Educación, Miguel Cardona, en una llamada con periodistas el lunes por la noche. “No se verán sepultados bajo una avalancha de intereses estudiantiles, ni cargarán con una deuda de por vida”.
Mediante la introducción de cambios en los actuales planes de amortización de préstamos en función de los ingresos, el Gobierno espera “transformar la financiación de la universidad y reducir en US$ 0,40 los pagos totales por dólar de los futuros prestatarios, dirigiendo al mismo tiempo esa ayuda a los prestatarios de ingresos bajos y medios”, dijo a los periodistas el subsecretario James Kvaal. El plan crearía una “verdadera red de seguridad para los préstamos estudiantiles”, añadió.
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Biden se comprometió por primera vez a reformar el programa de planes de amortización en función de los ingresos cuando anunció su plan de alivio de los préstamos estudiantiles —que está atascado en los tribunales— en agosto. El Departamento de Educación afirma que este anuncio “cumple el compromiso del presidente Biden de arreglar el sistema de amortización de préstamos estudiantiles” y es un “paso clave en el esfuerzo más amplio del Gobierno Biden-Harris para hacer más asequible la educación superior”.
Uno de los cambios propuestos elevaría el umbral de pago de la deuda. Según la propuesta, los prestatarios solteros que ganen menos de US$ 30.600 al año no tendrían que hacer ningún pago, frente al umbral actual de US$ 24.000.
Esta cifra se basa en el umbral de pobreza, según Kvaal.
Los prestatarios con mayores ingresos también ahorrarían “al menos US$ 1.000 al año” en comparación con los planes actuales. Según la propuesta, los pagos de los prestatarios universitarios por encima de ese umbral se reducirían a la mitad, del 10% de los ingresos al 5%, y los prestatarios con deudas tanto universitarias como de posgrado pagarían “entre el 5% y el 10% de sus ingresos sobre la base de una media ponderada de sus saldos”, explicó Kvaal.
El Departamento de Educación también dejaría de cobrar intereses mensuales impagados y acortaría el plazo de condonación de algunos préstamos de menor cuantía.
“Según los planes actuales, cualquier saldo restante se condonará tras 20 años de pagos, pero también estamos ofreciendo a los prestatarios con préstamos más pequeños una vía para la condonación en 10 años”, dijo Kvaal. “Una deficiencia de los actuales planes IDR (pago basado en los ingresos) es que todos los prestatarios deben haber pagado su deuda hasta 20 años, aunque solo se hayan matriculado en la universidad uno o dos semestres o hayan pedido prestados unos pocos miles de dólares”.
Los cambios podrían afectar a los aproximadamente 8 millones de personas que actualmente están inscritas en planes de pagos basados en los ingresos para sus préstamos estudiantiles federales y podrían abrir la posibilidad de que se inscriban más prestatarios. “De hecho, muchos prestatarios más podrían conseguir pagos mensuales más bajos si se inscriben”, dijo Kvaal.
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El plan también incluye una mayor responsabilidad para las instituciones que dejan a la mayoría de sus estudiantes sin poder pagar sus préstamos.
“Es hora de dar nombres de estos programas y de mantener una conversación franca sobre las causas profundas de la inasequibilidad de la deuda estudiantil”, dijo Kvaal. “Tenemos previsto pedir a las universidades con programas que figuren en la lista que presenten un plan de mejora, y estamos estudiando medidas reglamentarias para advertir a los estudiantes sobre estos programas antes de que se matriculen. Durante los próximos 30 días, invitaremos al público a hacer comentarios sobre la mejor manera de elaborar esta lista”.
El Gobierno está recabando opiniones con un periodo de comentarios públicos de 30 días. La norma final podría publicarse a finales de este año, pero los funcionarios no tienen una fecha concreta sobre cuándo sucederá.
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