(CNN Español) — La Cámara de Senadores de México discute y vota este miércoles el “Plan B” de la iniciativa de reforma electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que de acuerdo con la oposición, busca eliminar al Instituto Nacional Electoral (INE), la instancia encargada de organizar las elecciones en México. Se trata de un paquete legislativo del Ejecutivo Federal que buscaría modificar mediante leyes secundarias el sistema electoral del país.
La iniciativa de reforma electoral llega al pleno ya corregida, tras la crítica a algunos de sus puntos. Los más polémicos son aproximadamente 21 que, de acuerdo con el líder de los senadores del partido oficialista Ricardo Monreal, son violatorios de la Constitución y que tal como están planteados pueden ser recurridos ante el Poder Judicial.
La oposición ha acusado a este proyecto de modificar las leyes electorales antes de un proceso electoral.
Este “Plan B” llega luego de que no se contó con una mayoría calificada, de al menos dos tercios en la Cámara de Diputados y Senadores (334 votos), para aprobar una reforma constitucional en materia electoral. La oposición ha dicho que, al modificar las leyes secundarias, se busca disminuir la autoridad y estructura del Instituto Nacional Electoral (INE).
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Esta propuesta del presidente “quiere debilitar al árbitro electoral, quitarle más de 4.500 millones de pesos, quitarle más de 2.000 personal, equivalente al 75% de personas, quitándole funciones, atribuciones y tiempos para que no pueda ejercer sus funciones el árbitro electoral”, dijo a CNN Gustavo Madero Muñoz, senador del Partido Acción Nacional.
Este miércoles, los 11 consejeros del INE emitieron un pronunciamiento en el que externaron su preocupación por la posible aprobación de este plan alternativo de López Obrador y señalaron que de su análisis “se advierten deficiencias que ponen en peligro la operación de los procesos electorales”.
En conferencia de prensa, el consejero presidente Lorenzo Córdova leyó el pronunciamiento y advirtió que estas modificaciones en la ley electoral pueden trastocar profundamente el sistema electoral construido en el país.
Córdova alertó que de aprobarse el “Plan B”, se eliminaría un 84,6% de las plazas del Servicio Profesional Electoral y la estructura subdelegacional, lo que pondría en riesgo la eficacia y eficiencia en el desarrollo de los procesos electorales y la atención en los módulos donde se realiza el trámite de la credencial para votar.
“Toda reforma electoral debe estar fundada en el más amplio consenso posible entre los actores políticos y garantizar su legitimidad a partir del apego a la Constitución y a las leyes que rigen los procedimientos legislativos”, señalaron los consejeros en el documento.
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A menos de dos años de que se celebre la elección presidencial de 2024, López Obrador ha argumentado que su iniciativa responde a la demanda de los ciudadanos de una política de austeridad y de crear órganos electorales que garanticen comicios legítimos, sin la posibilidad de que haya fraude.
La propuesta original de reforma constitucional en materia electoral, enviada por el Ejecutivo federal en abril al Congreso, establece modificaciones en 18 artículos constitucionales y siete artículos transitorios, entre los que destaca la desaparición del INE, órgano encargado de organizar las elecciones en México, y sustituirlo por el llamado Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC).
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