OPINIÓN | Los derechos humanos y la COP27: paradojas de la cumbre global climática

Nota del editor: Simone Lucatello es profesor investigador del Instituto Mora-Conacyt, de México. Científico miembro del IPCC, el grupo de expertos de cambio climático de la ONU. Los comentarios expresados en esta columna pertenecen exclusivamente al autor. Mira más en cnne.com/opinion

(CNN Español) — Existe muchísima preocupación entre los activistas y organizaciones de derechos humanos rumbo a la COP27, la conferencia de los países miembros de la ONU sobre cambio climático, que se lleva a cabo en Egipto en los próximos días. Desde hace tiempo existe en la comunidad internacional que lucha por frenar los impactos del cambio, la convicción de que no puede haber justicia climática y freno al deterioro del planeta sin promover las libertades políticas, los espacios de diálogo con los Gobiernos, el respeto a los derechos humanos y la transparencia. Para hacer una transición ecológica hacia economías bajas en carbono o de carbono neutral para 2050, es crucial tener un sistema de justicia ambiental global que respete las libertades fundamentales de los pueblos y sus comunidades. Sin embargo, esta COP27 llega en un momento donde no solamente el anfitrión, Egipto, tiene registros muy negativos en materia de derechos humanos, sino que muchos otros Gobiernos están minando el esfuerzo para controlar la crisis ambiental global con sus acciones y políticas anticlimáticas.

En estos días, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, recordó que el Acuerdo de París, de 2015, deja en claro la necesidad de una acción climática urgente y basada en los derechos, y pidió que todos los Estados miembros del acuerdo respeten, promuevan y consideren sus respectivas obligaciones hacia los derechos humanos al hacerlo. Los recientes hallazgos del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) –de la ONU– también reafirman que la acción climática participativa basada en los derechos, conduce a resultados efectivos, legítimos y sostenibles para el planeta.

Por otro lado, el reciente reporte mundial de Human Rights Watch también advierte que al menos 22 países están actuando con políticas climáticas contrarias y poco eficaces, además de poco transparentes, en la lucha contra el cambio climático. Brasil, Canadá, China, la Unión Europea, Indonesia, Irán, Japón, Rusia, el Reino Unido y Estados Unidos entre otros, están hasta saboteando sus compromisos climáticos de múltiples maneras, incluso al no hacer cumplir sus leyes ambientales y proteger a los defensores del medio ambiente, y al proporcionar fondos y apoyo a la industria de los combustibles fósiles… fondos que podrían utilizarse mejor para reducir los daños climáticos. La COP26 del año pasado, en Glasgow, produjo un nuevo pacto global que compromete a los Gobiernos a tomar medidas cada vez más ambiciosas para abordar la crisis climática. Pero, si bien apuntan en la dirección correcta, los compromisos están muy por debajo de lo que se necesita para limitar el calentamiento global a 1,5 grados Celcius y evitar los resultados más catastróficos del cambio climático. En tal sentido, muchos países llegan a la cumbre en riesgo, no solo de no cumplir sus metas, sino que están socavando los esfuerzos anteriores para mejorar las condiciones de vida de millones de personas afectadas por el cambio climático y garantizar dl erecho humano a una mejor de vida.

¿Y cómo llega México a esta cumbre climática? En las recientes declaraciones del Gobierno y con la firma del Plan Sonora –que comprende las distintas acciones que ha emprendido el Ejecutivo para reducir los efectos del cambio climático a partir del uso de energías limpias, con miras a 2035 y en consonancia con Estados Unidos (con el que comparte tratados comerciales y energéticos)–, este país latinoamericano presentará una agenda de cuatro puntos: adaptación; pérdidas y daños; financiamiento climático; y los temas transversales de acción de empoderamiento climático, que incluye la perspectiva de género, de derechos humanos y respeto de pueblos indígenas. Sin embargo, en relación con las metas de mitigación, presentadas en las contribuciones nacionalmente determinadas o NDC, estas continúan suspendidas por un tribunal desde 2021. En marzo de 2021, la organización Greenpeace interpuso el primer amparo contra el Estado mexicano por no cumplir con el aumento de ambición de sus NDC, que son los compromisos de mitigación y adaptación al cambio climático que adopta cada país integrante del Acuerdo de París y que, entre otros temas, tienen repercusiones para los derechos del pueblo mexicano a un ambiente sano y no contaminado. En octubre de 2021, un tribunal suspendió los compromisos NDC que presentó el Gobierno de México diciendo que debían ser más contundentes.

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