¿Por qué recibió Lula da Silva una condena a prisión (que luego fue anulada)?

(CNN Español) — El expresidente de Brasil entre 2003 y 2010, ahora nuevamente electo para un tercer mandato, Luiz Inácio Lula da Silva, fue condenado en 2017 a 12 años de prisión por corrupción y cumplió 19 meses de la condena, antes de que esta fuera anulada por la justicia por defectos procesales.

La investigación y la condena por lavado de dinero en el marco de la Operación Lava Jato, que también impidió que Lula da Silva se presentara a las elecciones en 2018, estuvo cargada de polémicas, y el expresidente insistió siempre en que era víctima de una persecución política.

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Lula derrotó este domingo en segunda vuelta al actual presidente Jair Bolsonaro con el 50,9% de los votos frente al 49,1% de su contrincante, y los casos de corrupción en su contra estuvieron presentes desde el inicio de la campaña.

“Me arrestaron para que usted pudiera ser elegido presidente, pero luego me declararon inocente. ¡Pero voy a ganar ahora para ver de un golpe lo que tanto quiere ocultar!”, dijo Lula en el debate con Bolsonaro realizado en agosto, y en referencia a los supuestos esfuerzos del actual presidente para ocultar información y debilitar la transparencia desde que asumió el cargo.

Lula también aprovechó esa instancia para volver a negar las acusaciones de corrupción y defendió su inocencia tras haber sido condenado por corrupción en 2017.

Este es un resumen del caso de corrupción en su contra.

Las acusaciones

Lula da Silva fue presidente de Brasil por el Partido de los Trabajadores (PT) entre 2003 y 2010, y al retirarse contaba con un nivel de aprobación del 90%. Fue sucedido por su protegida, Dilma Rousseff, también del PT.

En 2014 se inició en Brasil la Operación Lava Jato (autolavado), la mayor investigación sobre corrupción llevada a cabo en la historia de Brasil y centrada en la petrolera estatal Petrobras, numerosos políticos y empresas constructoras, entre estas Odebrecht.

Dirigida por el juez federal Sergio Moro, la Operación Lava Jato develó una supuesta trama de corrupción a nivel nacional que involucró principalmente a políticos del Partido Progresista (PP), el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) y el Partido de los Trabajadores (PT), todos en aquel entonces en el poder, y del opositor Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB).

Sergio Moro, exministro de Justicia de Brasil. (Crédito: Andre Coelho/Getty Images)

En 2016 Lula da Silva fue doblemente imputado en el marco de la Operación Lava Jato: en un proceso tramitado en un juzgado de Brasília se enfrentó a una denuncia por un supuesto delito de obstrucción a la justicia en el curso de las investigaciones; mientras que en una segunda denuncia, tramitada por el juez Sérgio Moro en Curitiba, se enfrentó a supuestos delitos de corrupción pasiva y blanqueo de capitales. Los cargos también afectaron a su esposa Marisa Leticia Lula da Silva.

En marzo de ese año Lula aceptó convertirse en jefe de gabinete de Rousseff, un cargo que le daría cierta inmunidad en las investigaciones, pero días después un juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil presentó una medida cautelar para impedirlo.

Sobre las acusaciones en su contra, Lula dijo en ese entonces en una serie de tuits que eran “ficción”, y sus abogados señalaron en un comunicado que el caso tenía una motivación política y acusaron a la fiscalía de sacar conclusiones precipitadas.

La condena

Un juez brasileño dictaminó en septiembre de 2016 que había suficientes pruebas para que Lula da Silva, su esposa —quien falleció meses después— y otras seis personas fueran juzgadas por cargos de corrupción.

Finalmente, el 12 de julio de 2017 Lula fue declarado culpable de los cargos de corrupción y lavado de dinero derivados de los sobornos y beneficios que recibió de la petrolera estatal Petrobras. El juez federal brasileño Sergio Moro —quien sería luego en ministro de Justicia en el Gobierno de Jair Bolsonaro entre 2019 y 2020— condenó a Lula da Silva a nueve años y medio de cárcel, pero el expresidente permaneció en libertad durante el proceso de apelación.

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En septiembre se presentaron nuevos cargos por corrupción contra Lula da Silva, su sucesora Rousseff y seis miembros del Partido de los Trabajadores. Se les acusó de dirigir una organización criminal para desviar fondos de la empresa petrolera estatal Petrobras, en el marco de la Operación Lava Jato.

Lula da Silva, Rousseff y el Partido de los Trabajadores negaron todas las acusaciones.

El 24 de enero de 2018 un tribunal de apelación brasileño confirmó por unanimidad la condena por corrupción de Lula, lo que terminaría poniendo freno a sus planes de volver a presentarse en las elecciones presidenciales de ese año.

Los tres jueces de la corte de apelación también añadieron dos años y medio a su sentencia, dándole 12 años y un mes de prisión. Lula da Silva siguió en libertad, sin embargo, a la espera de futuras apelaciones.

Lula en prisión

El 7 de abril de 2018, después de casi dos años de proceso, Lula da Silva se entregó a las autoridades federales para comenzar a cumplir su condena de 12 años de prisión por corrupción, tras desafiar durante un día a la orden de entregarse encerrado en un edificio sindical.

Lula da Silva llega a la sede de la Policía Federal en Curitiba para cumplir su condena de 12 años de prisión, el 7 de abril de 2018.  (Crédito: MAURO PIMENTEL/AFP via Getty Images)

Ya en prisión en Curitiba, Estado de Paraná, Lula intentó en agosto inscribirse en las elecciones presidenciales, pero un mes después el máximo tribunal electoral de Brasil se lo impidió por su condena por corrupción.

A comienzos de 2019 fue condenado nuevamente a 12 años y 11 meses de prisión por aceptar sobornos en forma de reformas en su casa de campo, pero poco después el Supremo Tribunal Federal de Brasil redujo la anterior pena de prisión de Lula da Silva de 12 años y un mes a 8 años y 10 meses.

Además, el 7 de noviembre de ese año el Supremo Tribunal Federal de Brasil dictaminó que los acusados podían permanecer en libertad hasta que agotaran todos los recursos. El fallo revirtió una decisión anterior que había contribuido a poner tras las rejas a decenas de poderosos políticos y empresarios. Y un día después Lula da Silva salió de la cárcel tras más de 19 meses.

Anulación de la condena y Lula anuncia su postulación

En junio de 2019 el medio digital The Intercept Brasil publicó supuestas comunicaciones a través de una aplicación de celular entre Sergio Moro y el fiscal jefe de la Operación Lava Jato, Deltan Dalagnol. El medio, a través de una serie de reportajes, defendió en ese momento la tesis de que Moro y los fiscales habrían actuado de forma coordinada, parcial y “legalmente dudosa”.

Moro rechazó irregularidades en su accionar y dijo en aquel momento, cuando era aún ministro de Justicia, que los mensajes filtrados a The Intercept Brasil por una fuente anónima fueron obtenidos por medios ilícitos. También pidió al medio que entregara a las autoridades la totalidad de los mensajes obtenidos para poder hacer un análisis completo del contenido, ya que según él el material publicado podría haber sido “sacado de contexto o incluso manipulado”

Lula da Silva tras dejaer la prisión, el 9 de noviembre de 2019 en Sao Bernardo do Campo, Brasil. (Crédito: Pedro Vilela/Getty Images)

Tiempo después, Lula da Silva demandó a Moro, a quien acusó de irregularidades en un juicio por corrupción. La defensa de Da Silva afirmó que la condena por parte de Moro, que también fue confirmada por un tribunal de apelaciones, le había causado daños “irreparables”, dado que pasó 580 días en prisión.

El 1 de septiembre de 2020 un tribunal federal de Brasil desestimó un caso de corrupción contra Lula da Silva, en el que se le acusaba de ejercer presión a favor de la constructora Odebrecht, por falta de pruebas suficientes.

El 8 de marzo de 2021, el Supremo Tribunal Federal de Brasil anuló las condenas por corrupción de Lula da Silva por defectos procesales y ordenó reiniciar los casos. Y el 23 de marzo dictaminó que el exjuez Sergio Moro actuó de forma parcial cuando condenó al expresidente Lula da Silva en conexión con la compra de un apartamento triplex en la ciudad paulista de Guarujá.

Tres de los cinco integrantes del máximo tribunal llegaron a esta conclusión. Sin embargo, el fallo de no suspendió automáticamente todos los procesos contra Lula da Silva, ya que algunas de las causas en su contra no fueron iniciadas por Moro. El exjuez no se pronunció sobre el fallo.

Ya libre, Lula da Silva anunció formalmente el 7 de mayo su precandidatura a la presidencia en las elecciones de octubre de 2022.

Con información de Camilo Rocha, Ana Cucalón, Marcia Reverdosa, Francho Barón, Shasta Darlington y Flora Charner.

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