(CNN Español) — En un encuentro con trabajadores y obreros municipales peruanos, en Palacio de Gobierno, el presidente Pedro Castillo se refirió a las investigaciones que le ha abierto la Fiscalía de la Nación por las que este lunes 5 de septiembre está citado al despacho de la titular del Ministerio Público, Patricia Benavides.
En el Patio de Honor de Palacio de Gobierno y ante los empleados ediles, Castillo señaló que: “Ahora, que estamos empeñando, cuando estamos llamando a uno de los ministros, al otro ministro, a nuestro premier, coordinando con las autoridades para sacar adelante este país, tenemos que estar citados a otro lado para ir a declarar cosas que se fabrican, historietas, cuentos, y por eso no nos van a distraer porque nosotros hemos venido aquí a reivindicar al país y destinar el presupuesto para sacar adelante este país y darle al más necesitado”.
Comisión de Fiscalización del Congreso peruano investigará supuesta “organización criminal en Palacio de Gobierno”
En el video se puede escuchar a los asistentes corear “cierre del Congreso”.
Por la mañana del viernes, Castillo acudió junto a la primera dama, Lilia Paredes, al puerto del Callao para la botadura de la embarcación “Pelícano”, que se dedicará al transporte de fertilizante basado en guano de las islas guaneras del país. Fue la primera aparición de Lilia Paredes desde que este domingo, su hermana Yenifer fuera puesta en prisión preventiva por 30 meses mientras la Fiscalía determina su responsabilidad por los presuntos delitos de organización criminal, lavado de activos y colusión agravada.
Durante esa actividad, en su discurso de orden, el presidente se dirigió a la primera dama para decirle “Lilia, hay que ser fuertes para sacar adelante al país” y “esperemos que sí es cierto, que hay que sacrificarse, estamos para poner el pecho por el Perú”. Cabe señalar que la primera dama enfrenta un pedido de impedimento de salida del país por parte de la Fiscalía, pues el Ministerio Público la considera integrante de una organización criminal enquistada en el Estado para obtener beneficios ilegales de la adjudicación de obras públicas.
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