ANÁLISIS | He aquí por qué los registros presidenciales de Trump le pertenecen al público

(CNN) — El secretario de Justicia de Merrick Garland empleó un movida de ajedrez legal inesperada y poco ortodoxa para presentarle al expresidente Donald Trump una oportunidad para hacer algo o callarse.

Después de tres días de críticas fulminantes de Trump, indignación de los republicanos y especulaciones febriles sobre por qué, exactamente, el FBI registró la casa de Trump en Florida, Garland solicitó a un tribunal federal en el sur de Florida una moción para revelar una orden de registro. Lee la historia completa.

¿Qué pasará ahora?

Por supuesto, Trump, cuyos abogados tienen la orden judicial y el correspondiente recibo o inventario de los elementos sustraídos por el FBI, podría haberlo hecho en cualquier momento. Ahora tendrá que decidir si vale la pena pelear en la corte, o si debe liberar la orden de allanamiento por su cuenta.

Los próximos días se aclarará si Trump aceptará esto o lo combatirá, y si un juez revelará la orden y inventario o recibo.

Qué no debemos esperar

Lo más importante no se abrirá.

“El documento más detallado aquí es la declaración jurada”, dijo Elie Honig, analista legal de CNN y exfiscal federal, durante una aparición en CNN. “Ese es el documento que normalmente puede tener 20, 40, 100 páginas, donde los fiscales presentan capítulo y verso, aquí están todas nuestras pruebas que nos dan una causa probable”.

Ni Trump ni sus abogados han visto ese documento, y Garland no dijo si lo abriría.

¿Es suficiente para calmar el alboroto?

Dar acceso público a la orden demostrará que el Departamento de Justicia y el FBI se están moviendo dentro de los límites de la ley, a pesar de lo que dice Trump.

Después de que pasaran algunos años de relativa monótona y poco drama en la administración de Biden, fue un gran latigazo volver a la era de Trump —cuando el gobierno del país periódicamente parecía estar al borde de la implosión— con el expresidente acusando a las fuerzas del orden de la nación de una “cacería de brujas”.

Cambia el canal a Fox y escucharás la teoría no probada de que el Departamento de Justicia está en una expedición de pesca.

“Hay esta ráfaga de actividad relacionada con el 6 de enero, y luego nos dicen que esta otra investigación no tuvo absolutamente nada que ver con el 6 de enero”, dijo Michael Mukasey, exfiscal general de George W. Bush, quien apareció en Fox después de los comentarios de Garland. “Eso es difícil y, sin embargo, pusieron a 30 agentes del FBI para entrar y confiscar documentos que presumiblemente todos sabían que estaban allí”.

Hay un testigo misterioso

También hay nuevos reportes de que un aviso de un testigo provocó la búsqueda después de que los agentes recuperaran cajas de documentos en junio con base en una citación del gran jurado.

Mick Mulvaney, exjefe de gabinete de Trump, supuso que el testigo tendría que ser alguien muy cercano al expresidente para saber siquiera sobre una caja fuerte en Mar-a-Lago.

“Ni siquiera sabía que había una caja fuerte en Mar-a-Lago, y fui el jefe de personal durante 15 meses”, dijo Mulvaney a CNN. “Entonces sería alguien muy cercano adentro”.

Agregó: “Si sabes dónde está la caja fuerte y sabes que los documentos están en 10 cajas en el sótano, estás bastante cerca del presidente”.

Esta fue la cadena de eventos, según el reporte de CNN:

La investigación criminal comenzó con preocupaciones sobre documentos perdidos planteadas por los Archivos Nacionales, que hicieron una remisión criminal al Departamento de Justicia al descubrir documentos altamente confidenciales entre los materiales recuperados de Mar-a-Lago en enero.

Las 15 cajas contenían algunos materiales que formaban parte de programas especiales de acceso (SAP, por sus siglas en inglés), una clasificación que incluye protocolos para limitar significativamente quién tendría acceso a la información, según una fuente familiarizada con lo que los Archivos descubrieron en las cajas. Eso condujo a entrevistas del FBI con auxiliares de citaciones del gran jurado para la búsqueda e incautación de documentos autorizada por el tribunal de esta semana.

¿Por qué estos documentos son propiedad pública?

Que Trump aparentemente haya intentado, a pesar de una citación y negociaciones, mantener los documentos de su presidencia fuera de los Archivos Nacionales —al igual que gran parte de la presidencia de Trump— no tiene precedentes.

En cuanto a por qué los documentos presidenciales le pertenecen al público, es un desarrollo relativamente reciente que, al igual que muchas de las restricciones a la presidencia, tiene sus raíces en Watergate.

El historiador Timothy Naftali, profesor de la Universidad de Nueva York y exdirector de la Biblioteca y Museo Presidencial Richard Nixon, me contó toda la historia. Sus palabras, editadas por longitud y fluidez, están en cursiva, y he agregado algunos subtítulos.

Después de dejar el cargo, Nixon quería sus cintas y papeles

Unos días después de la renuncia de Nixon, un camión de mudanzas llegó frente a la Casa Blanca. Y el camión de mudanzas estaba allí para recoger los documentos de Nixon y sus cintas.

Y la administración de Ford pensó: “Oh, Dios mío, ¿qué vamos a hacer?”

Así que fueron a su Oficina de Asesoría Legal y preguntaron: “¿Quién es el dueño de las cintas y los papeles de Nixon?” (Naftali está parafraseando aquí y arriba).

Antes de Nixon, los presidentes eran dueños de sus papeles

El responsable de la Oficina de Asesoría Jurídica en ese momento era un abogado de nombre Antonin Scalia. Y Antonin Scalia dijo que les pertenecían a los presidentes. Es nuestra tradición en Estados Unidos, se remonta a George Washington que el presidente es dueño de sus documentos, y sus documentos incluyen todo lo que les llegó y todo lo generado por su personal.

No había diferenciación entre documentos públicos y privados. Era muy similar a la forma en que el Rey y la Reina de Inglaterra controlan los documentos.

No hay nada en la Constitución sobre esto, y no había ninguna ley.

El Congreso no se había metido porque es un asunto del poder ejecutivo, y la opinión pública nunca había sido tal como para obligar a los presidentes a considerar públicos sus materiales.

Nixon intercambió el acceso a sus papeles por su indulto

Richard Nixon estaba en su derecho de decir, OK, son míos y llevárselos a California.

La administración de Ford se dio cuenta de que tenía un problema porque si entregaba los documentos y las cintas a Nixon, la gente podría ver esto como un encubrimiento.

Entonces, la administración de Ford buscó un acuerdo con Nixon para asegurarse de que los documentos pudieran estar disponibles para los casos judiciales y que no pudiera destruirlos durante un cierto período de tiempo.

Ese acuerdo fue parte de los acuerdos que dieron lugar al indulto. Richard Nixon tuvo que estar de acuerdo con esto para que Ford lo perdonara.

Nixon está de acuerdo. Ford da el perdón.

El Congreso intervino y aprobó una ley para confiscar los documentos de Nixon

Y luego el Congreso se entera y dice: “Oh, Dios mío, no, no, no, no, no. Sí, es cierto que la administración de Ford se asegurará de que los documentos que se necesitan para los casos judiciales estén disponibles, pero luego Nixon puede destruir lo que no haya sido citado. No queremos eso”. (Naftali está parafraseando aquí).

Y así, el Congreso aprobó una ley llamada Ley de Preservación de Grabaciones y Materiales Presidenciales de 1974 que efectivamente confiscó todos los materiales de Nixon y los consideró propiedad pública.

Se incautan los papeles de Nixon. Esto fue un gran problema

Esto no tenía precedentes en la historia de Estados Unidos. Absolutamente sin precedentes. Ningún material de un presidente había sido tratado de esta manera. Todos los presidentes anteriores —ellos o sus herederos— habían visto los materiales presidenciales como documentos privados. Eso incluye cuando la CIA les dio a los presidentes cosas de seguridad nacional. Todo de eso.

El hecho de que algo sea privado no significa que a los presidentes se les permitiera mostrarlo en su club de golf.

Entonces, el Congreso hace esto. Y se incautan las cintas de Nixon y se incautan los materiales de Nixon. No van a San Clemente (donde vivía Nixon en California).

Nixon lleva al Congreso a los tribunales. Él también quería que le pagaran

Nixon pega el grito. Él dice: “Oye, espera un momento. ¿Por qué me tratan de manera diferente a todos los demás presidentes?”

Nixon dijo: “Soy dueño de esto. No está bien. Es inconstitucional y contrario al espíritu de nuestra tradición”. Así que fue a la corte y dijo: “Me estás quitando mi propiedad. En realidad, me estás quitando la propiedad”.

Ambos querían controlar estos documentos, pero también, si iba a perderlos, quería una compensación. Básicamente, argumentó, “Escucha, estos documentos valen algo. Y en la jubilación, podría necesitar este dinero. Entonces me debes dinero por tomar mi propiedad”. (Naftali está parafraseando aquí y arriba).

La Corte Suprema se puso del lado del Congreso

Lo que los tribunales tuvieron que resolver fue, está bien, cuál es realmente la diferencia entre los materiales presidenciales privados —porque todos estuvieron de acuerdo en que había ciertos materiales que eran privados— y los materiales públicos.

Hubo una serie de casos, y esos casos sentaron las bases para las definiciones de público y privado, que luego serían consagradas en la ley por la Ley de Registros Presidenciales de 1978.

El Congreso decidió aprobar una ley que establecía qué era público y qué era privado en cuanto a los registros presidenciales.

Esto significa que el público posea registros presidenciales

Significa que son propiedad del pueblo estadounidense. Es posible que al pueblo estadounidense no se le permita verlos todavía, porque están clasificados. Pero al menos la propiedad significa que los presidentes no pudieron destruirlos.

Por eso esto importaba. Los presidentes tenían entonces que tratar algunos de los productos de su administración como pertenecientes a otra persona y, por lo tanto, no podían destruirlos a su antojo.

Por eso importaba que Donald Trump tirara documentos por el inodoro, porque en realidad estaba tirando propiedad pública por el inodoro y no tenía derecho a hacerlo.

Entonces, la Ley de Registros Presidenciales es un producto del período Watergate.

Y es producto de que el pueblo estadounidense y el Congreso aceptaron los poderes de la presidencia y concluyeron que la presidencia era demasiado fuerte y que los presidentes se habían aprovechado de las áreas de la ley que la Constitución no tocó.

¿Vale la pena una búsqueda del FBI?

Naftali argumentó que todo esto tuvo que habérsele explicado a Trump repetidamente durante y después de su presidencia, por lo que no hay excusa legítima para tomar los documentos.

Además, Naftali argumentó que el gobierno proporcionará un almacenamiento seguro para que el expresidente pueda acceder a sus documentos en cualquier momento.

Tuvo menos claridad cuando le pregunté si valía la pena la búsqueda del FBI en en Mar-a-Lago para proteger los documentos bajo esta ley, considerando que esto incitó a los partidarios de Trump y unificar a los republicanos detrás de él:

Ese juicio no debería haberse basado en la política. Debería haberse basado en una comprensión de las medidas apropiadas, dado el delito potencial. Y me voy a reservar el juicio hasta que vea qué era lo que buscaban recuperar.

No hay duda de que el gobierno de EE.UU., nosotros, todos nosotros, porque la seguridad nacional es de nuestro interés, tenemos interés en asegurar y proteger la información clasificada.

Y la pregunta es por qué el gobierno concluyó, después de hablar con los representantes del presidente Trump durante un tiempo considerable, que nuestra seguridad nacional estaba de alguna manera comprometida, tal vez en peligro, por la falta de pleno apoyo que el Departamento de Justicia estaba recibiendo de Donald Trump y sus representantes.

Les advierto a todos aquellos que aman a este país que no hagan un juicio rápido sobre los costos políticos de responsabilizar a Donald Trump.

En la era moderna, no hay ningún expresidente que haya ido a la guerra contra nuestra Constitución. Richard Nixon no estuvo de acuerdo con el manejo de sus materiales, fue a la Corte Suprema y aceptó el resultado. No fue a la guerra con nuestra Constitución.

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