Nota del editor: Krish O’Mara Vignarajah es la presidenta y directora ejecutiva del Servicio Luterano de Inmigración y Refugiados. Anteriormente fue asesora principal en el Departamento de Estado y directora de políticas en la administración de Barack Obama. Las opiniones expresadas en este artículo le pertenecen únicamente a su autora.
(CNN) — La nación se conmocionó luego del hallazgo de 53 migrantes muertos en un tráiler abandonado a unos 240 kilómetros al norte de la frontera de Estados Unidos con México la semana pasada, con más de una docena de sobrevivientes, incluyendo cuatro niños, llevados a hospitales cercanos para luchar por sus vidas. Fue una escena espeluznante y horrorosa, inimaginable para la mayoría de los estadounidenses, que simplemente no pueden comprender la desesperación de quienes se embarcan en un viaje tan traicionero.
Pero aquellos que han seguido de cerca la política fronteriza en los últimos años probablemente vieron la tragedia como lo que era: otra horrible y evitable pérdida de vidas impulsada por el fracaso de nuestra nación para establecer un sistema de asilo humano o un marco de inmigración eficiente.
Cuando no hay otras opciones, la gente toma medidas desesperadas para proteger a sus familias de la violencia de las bandas, la persecución, el desastre climático y la pobreza extrema que asolan Centroamérica. Y gracias a las políticas draconianas y erróneas, simplemente no hay forma de solicitar asilo en este país, un derecho humano fundamental consagrado en el derecho nacional e internacional.
Estas tácticas de disuasión fallidas incluyen el programa “Permanecer en México”, que ha obligado a decenas de miles de solicitantes de asilo a esperar las audiencias judiciales en condiciones sumamente peligrosas, 1.500 de los cuales han sido objeto de asesinatos, violaciones, torturas, secuestros y otros actos violentos. Y aunque esa política evitó por poco que la Corte Suprema la mantuviera en vigor, en una ajustada decisión de 5 a 4 la semana pasada, despejando el camino para que el gobierno de Joe Biden acabara con ella de una vez por todas, la política de expulsión en la frontera del Título 42 sigue en vigor, negando a los que buscan protección tanto como una entrevista o una audiencia judicial.
La causa y el efecto son evidentes y, sin embargo, tras una pérdida de vidas tan devastadora, los líderes políticos se han apresurado a jugar al juego de la culpa. El gobierno de Biden hizo hincapié en el papel fatal desempeñado por los contrabandistas de los cárteles que explotan a personas vulnerables en busca de seguridad y oportunidades.
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Por otro lado, los opositores a la inmigración, como el gobernador de Texas, Greg Abbott, no perdieron tiempo en culpar de la tragedia a lo que él describe erróneamente como las políticas de “fronteras abiertas” del presidente Biden. Esto, a pesar de que la frontera está más cerrada que en ningún otro momento de su historia: un hecho subrayado por los dos millones de expulsiones de migrantes bajo el Título 42, un mecanismo de control de la inmigración emitido por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) en marzo de 2020, falsamente disfrazado de medida de salud pública.
La lógica de este argumento está alejada de cualquier sentido de la realidad. Si realmente hubiera “fronteras abiertas”, ¿por qué entonces tanta gente pondría en riesgo su vida para cruzar sin ser detectada?
Sin embargo, al señalar con el dedo se pasa por alto el hecho evidente de que esta tragedia, apenas la última de muchas, puede atribuirse a fallas estructurales en el enfoque de la inmigración de nuestro país. Es el resultado de tres décadas de inacción para abordar un sistema profundamente disfuncional: uno que favorece la aplicación militarizada de la ley por encima de la propia vida humana.
Este statu quo de casi 30 años de disuasión frente a personas desesperadas es demasiado mortal para mantenerlo. Afortunadamente, existen soluciones factibles que honran nuestras obligaciones morales y legales con quienes buscan seguridad, fortalecen nuestra economía y privan a los contrabandistas de los cárteles criminales de la oportunidad de explotar a niños y familias vulnerables.
En primer lugar, el gobierno de Biden debería restaurar y reimaginar urgentemente un sistema de asilo que sufrió una muerte gradual bajo su predecesor. Un sistema de inmigración seguro, humano y ordenado desbarataría el principal modelo de negocio de los traficantes al ofrecer a los desesperados solicitantes de asilo una alternativa viable que les salvaría la vida.
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Pero los líderes políticos también pueden reducir el número total de personas que llegan a nuestra frontera sur creando vías reales que no requieran riesgo para las poblaciones vulnerables ni recompensa para los coyotes criminales. Una de esas vías es el Programa de Admisión de Refugiados de Estados Unidos, que admite y reubica a los refugiados cuyas solicitudes se tramitan mientras el solicitante permanece en el extranjero, evitando la necesidad de emprender el peligroso viaje a Estados Unidos.
El gobierno de Biden debería aumentar inmediatamente el procesamiento en el extranjero y ampliarlo a nuevos lugares donde haya grandes grupos de refugiados en situaciones prolongadas, como en América del Sur y Centroamérica. De este modo, mejoraría su lamentable rendimiento en el cumplimiento de sus compromisos en materia de refugiados. Hasta ahora, en el año fiscal que termina el 30 de septiembre, Estados Unidos solo ha reasentado a 12.641 personas de todas las nacionalidades, de un objetivo anual de 125.000.
Los legisladores también deben reconocer las contribuciones económicas que los inmigrantes están dispuestos a hacer en medio de una escasez de mano de obra en todo el país, aumentando el acceso a los visados de trabajo, como los visados H-2A y H-2B. El hecho de que personas de todo el mundo envidien la oportunidad de ganarse la vida en EE.UU. es una ventaja competitiva estratégica que deberíamos aprovechar, especialmente frente a una China ascendente con una población global mucho mayor. También se ha demostrado que estas vías legales reducen la migración no autorizada desde México, según una investigación del Instituto Cato.
Al igual que el gobierno de Biden debe abordar los factores que impulsan el desplazamiento, como la corrupción, la inestabilidad política y la desigualdad económica, debe centrarse también en los desplazamientos relacionados con el clima. Dado el papel que desempeña el cambio climático en el alarmante aumento de la migración mundial, Estados Unidos debería dar ejemplo y ser pionero en la creación de vías de protección legal para los desplazados por desastres climáticos en nuestro hemisferio.
Y así como los miembros del Congreso han encontrado recientemente un terreno común en la prevención de la violencia con armas de fuego, también hay propuestas de inmigración que podrían ser promulgadas como ley sobre una base bipartidista fuerte. Mientras se reanudan las conversaciones en el Senado, existe un consenso prometedor en torno a la legislación para implementar tecnología innovadora en la frontera, y expedir más visados para los trabajadores de la salud y los trabajadores agrícolas, entre otras reformas de sentido común.
La elección es clara. O bien nuestra nación asume el fracaso de un marco basado en la disuasión y pone en práctica soluciones que beneficien tanto a los estadounidenses como a los recién llegados, o bien desviamos la mirada ante el sufrimiento provocado por el ser humano en nuestro régimen de inmigración militarizado hasta la próxima pérdida trágica de vidas humanas.
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