(CNN) — A estas alturas, todo el mundo está al menos enterado de que una comisión selecta de la Cámara de Representantes investiga los disturbios del 6 de enero en el Capitolio de Estados Unidos. A través de sus audiencias públicas, esta comisión a atraído mucha atención.
De perfil más bajo es la investigación en curso del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) sobre la insurrección. Esa investigación ya ha conducido a más de 800 arrestos de quienes participaron en la revuelta y además ha aumentado la presión sobre los principales actores en el mundo de Trump, como el abogado John Eastman y el exfuncionario del Departamento de Justicia Jeffrey Clark.
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Para ayudar a entender mejor lo que el DOJ está haciendo, me puse en contacto con Katelyn Polantz, quien cubre el crimen y la justicia para la CNN. Nuestra conversación, hecho por correo electrónico y ligeramente editada para que fluya mejor, se encuentra a continuación.
Cillizza: empecemos por algo simple: ¿cuándo comenzó la investigación federal en torno al 6 de enero y qué sabemos de ella?
Polantz: una respuesta sencilla para una pregunta sencilla: comenzó la tarde del 6 de enero de 2021.
Fue entonces cuando tuvo lugar el crimen evidente: cientos de partidarios de Trump saqueando el Capitolio. Eso captó muy rápidamente toda la atención del Departamento de Justicia. Vimos los primeros arrestos federales —incluyendo el del chamán de QAnon Jacob Chansley— a los pocos días del ataque, y más de 800 personas han sido acusadas por los disturbios. El grupo incluye a integrantes de Proud Boys y Oath Keepers, que se enfrentan a cargos de conspiración sediciosa.
Al cumplirse el primer año, el secretario de Justicia, Merrick Garland, dejó claro que el Departamento de Justicia seguiría adelante con su investigación, estudiando el dinero y las comunicaciones, y siguiendo a donde condujera la evidencia. Fue entonces cuando empezamos a saber que personas que no estaban en el recinto del Capitolio, sino en los círculos políticos, formaban parte de esta investigación. Esto representaba una clara expansión de la actividad del jurado investigador que analizaba la organización de mítines y los falsos electores de Trump en los estados en disputa.
Hay actividad de investigación que todavía está en sus primeras etapas, sin que aparentemente haya cargos derivados de la misma todavía. Pero el DOJ se está volviendo más agresivo cada semana. Solo la semana pasada hubo docenas de nuevas citaciones, además de los registros a John Eastman y Jeffrey Clark. Todavía no sabemos a dónde nos lleva esto, pero la cantidad de información que se está recopilando llega ya muy lejos en el terreno de las comunicaciones del terreno de Trump.
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Cillizza: ¿Cómo está coordinando esta investigación —si es que lo está haciendo— con la comisión de la Cámara de Representantes? ¿Influye una en la otra o no?
Polantz: nada sucede de manera aislada en Washington. La comisión selecta de la Cámara de Representantes está haciendo un trabajo inusualmente bueno al trabajar con rapidez e indagar en profundidad por su cuenta, especialmente por lo mucho que ha podido recopilar a través de las entrevistas a los testigos (más de 1.000), los registros de los Archivos Nacionales y los correos electrónicos de Eastman. Ese cúmulo de pruebas acabará siendo de dominio público.
El Departamento de Justicia también ha estado trabajando en montañas de pruebas alucinantes, especialmente en la preparación de los juicios.
La Cámara de Representantes se ha centrado en la cúspide de la pirámide —el propio Trump—, mientras que el Departamento de Justicia investiga tradicionalmente de abajo hacia arriba, empezando por los propios agitadores. Estamos empezando a ver que esos intereses se cruzan, ahora que el DOJ quiere acceder a las transcripciones de los testigos que han hablado con la Cámara y no puede hacerlo tan fácilmente como los investigadores desean. La Cámara de Representantes dice que acabará publicando todo su material. Pero el muro entre el trabajo del Congreso y el DOJ en este momento se ha convertido en un punto de tensión.
Cillizza: el debate en la comisión del 6 de enero es si recomendará que se presenten cargos criminales en su informe final. ¿Tiene esa decisión alguna relación con esta investigación federal?
Polantz: probablemente no. Se ha vertido mucha tinta sobre si los miembros de la comisión harán o no una remisión. Algunos miembros del Congreso tienen una rica historia de tratar de decirle al Departamento de Justicia a quién debe investigar, con poco resultado. Ahora, al igual que entonces, el Departamento de Justicia no necesita que el Congreso le descubra las violaciones de la ley, tiene sus propias narices (y un poder de búsqueda y citación más sólido).
Por ejemplo: el registro del DOJ a Clark se produjo el día antes de que sus antiguos colegas dieran un testimonio mordaz sobre sus acciones al final de la administración de Trump a la comisión de la Cámara. Aun así, Garland ha dejado claro que su departamento está observando estas audiencias de la comisión. Si algo llama la atención de los investigadores que se revela en el Capitolio, es completamente posible que se muevan más rápido de lo que podría llevar redactar un informe final o una remisión.
Cillizza: el FBI ha citado, entre otras personas, al presidente del Partido Republicano de Georgia. ¿Está la investigación buscando en todos los estados oscilantes? ¿O no lo sabemos?
Polantz: sí sabemos que la investigación sobre los falsos electores ha sondeado la información de los siete estados donde se reunieron los electores de Trump. Pero recuerda: las citaciones que conocemos en esta investigación no solo buscan detalles sobre los actores políticos a nivel estatal.
También están pidiendo las comunicaciones que esas personas tuvieron con algunos de los niveles superiores de la campaña de Trump, con todos desde Rudy Giuliani a Eastman a Boris Epshteyn.
Cillizza: termina esta frase: “El peligro para Donald Trump de esta investigación es _______________.” Y explícala.
Polantz: “Quiénes pueden estar dispuestos a compartir lo que han presenciado”.
Tal vez Trump no corra ningún peligro y nunca haya cruzado la línea de la ley. Esto no se puede saber hasta que se reúnan los hechos.
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Los hechos ya están saliendo a la luz en la televisión en vivo. Cassidy Hutchinson ha eclipsado a otros testigos como la estrella de la investigación de la Cámara. Pero no hay que olvidar que todas las audiencias públicas de la Cámara han sacado a relucir testimonios sorprendentemente sinceros de diversos funcionarios de la administración de Trump —como el exsecretario de Justicia Bill Barr; Eric Herschmann, un abogado que trabajó en la Casa Blanca de Trump; Richard Donoghue, ex subsecretario de Justicia en funciones; y Greg Jacob, que fue consejero de Mike Pence cuando era vicepresidente—, a menudo sobre su profundo desacuerdo con el presidente y cómo le advirtieron a él o a otras personas cercanas a él de lo equivocado de sus creencias sobre las elecciones de 2020.
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Trump no fue capaz de mantener un cortafuegos en la investigación de Robert Mueller, y personas clave como el consejero de la Casa Blanca Don McGahn se convirtieron en testigos contra él en la investigación por obstrucción. Pero algunos de sus asesores optaron por soportar el juicio —y se irán a la tumba— sin revelar toda la verdad de lo que ocurrió dentro de la campaña de Trump cuando Rusia hackeó a los demócratas. El 6 de enero es diferente, según me ha dicho incluso un antiguo abogado defensor de Trump. Al menos en la última semana, la transparencia está ganando impulso.
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