(CNN) — Las sanciones golpearon al presidente de Rusia, Vladimir Putin, peligrosamente cerca de casa en mayo, cuando el Reino Unido congeló los activos pertenecientes a su exesposa y su rumoreada amante junto con otros en su círculo como parte de esfuerzos para hacer a Moscú pagar por la guerra en Ucrania.
Fue la última de una serie de medidas extraordinarias adoptadas por Occidente para castigar a Moscú por su sangrienta invasión de Ucrania. Y se produjo pocos días después de que varios países, entre ellos Australia, Canadá y Estados Unidos, impusieran sanciones a los activos de las dos hijas adultas de Putin.
¿Las sanciones pueden afectar la economía de Rusia?
Despojar a los oligarcas de sus activos mal habidos ha resultado ser una tarea fructífera: desde la invasión de Ucrania por parte de Moscú, a finales de febrero, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha impuesto sanciones a más de 530 rusos acaudalados y bien conectados.
Desde yates hasta mansiones y obras de arte de alta gama –muchas de ellas vinculadas directamente a la riqueza ilícita del Kremlin–, el valor total de los activos rusos incautados ha aumentado en miles de millones de dólares mientras Occidente trata de apretar a Putin por la sangrienta invasión, que ya ha entrado en su cuarto mes.
Sin embargo, aunque las incautaciones de activos rusos han acaparado los titulares, no parece que hasta ahora hayan frenado la sangrienta y problemática incursión de Moscú. Tampoco han frenado el creciente número de víctimas ni han ayudado a reconstruir ni una sola escuela u hospital ucranianos reducidos a escombros por los bombardeos rusos. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, calcula que se necesitarán unos US$ 600.000 millones para reconstruir su país.
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Los estadounidenses están empezando a saber que las medidas actuales para intentar beneficiar a Ucrania podrían llevar años, por lo que las ideas innovadoras para ayudar al vecino de Rusia, devastado por la guerra, no serán descartadas.
¿Hay algo más que Occidente pueda hacer con los activos rusos confiscados para ayudar a la causa de Ucrania? ¿Puede esta riqueza congelada utilizarse realmente para ayudar a Ucrania a rechazar a los imperialistas rusos que ensucian su país?
Yo, junto con muchos otros en contra de la cleptocracia, creo que sí. Más aún, la administración estadounidense también lo cree. Washington cree que ha encontrado una forma no solo de mantener los activos confiscados fuera del alcance de Rusia, sino de utilizarlos de forma proactiva en la lucha contra el régimen de Putin.
En abril, en una votación casi unánime, la Cámara de Representantes de EE.UU. aprobó un proyecto de ley bipartidista en el que se pide al presidente Joe Biden que supervise la venta de una amplia gama de activos de lujo congelados vinculados a los oligarcas rusos sancionados. El Senado estadounidense está debatiendo un proyecto de ley complementario que permitiría a Estados Unidos utilizar los activos incautados “en beneficio del pueblo de Ucrania”.
“Es difícil imaginar que se devuelva la riqueza de Rusia a Putin mientras Ucrania yace en la ruina y los ucranianos están enterrando a sus muertos”, dijo el representante demócrata Tom Malinowski, de Nueva Jersey, quien patrocinó el proyecto de ley junto con el representante republicano Joe Wilson, de Carolina del Sur.
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“En estas circunstancias extraordinarias, la comunidad internacional debería estar preparada para utilizar los activos congelados de Rusia para reconstruir el país que Rusia está destruyendo”, dijo Malinowski.
El proyecto de ley de la Cámara de Representantes insta a Biden a “confiscar” bienes por valor de más de US$ 2.000 millones pertenecientes a entidades y personas sancionadas vinculadas a Putin. La medida también insta a la Casa Blanca a crear un “grupo de trabajo interinstitucional” dirigido por el secretario de Estado, Antony Blinken, para establecer “mecanismos constitucionales” que permitan convertir los activos congelados en capital para los ucranianos.
La medida es “prácticamente sin precedentes”, escribió The New York Times, sobre todo por lo mucho que ampliaría los poderes presidenciales sobre las sanciones. Y aunque la legislación no es vinculante, representa un importante paso adelante, ya que establece un marco para utilizar los activos rusos incautados en Ucrania.
En una columna de opinión, el profesor de Derecho Constitucional de Harvard, Laurence Tribe, y su coautor, Jeremy Lewin, destacaron las ventajas de aprovechar los activos de capital de Rusia para el proyecto de armar y reconstruir Ucrania. Señalaron acertadamente que sería “la forma más rápida de aumentar la ayuda estadounidense a Ucrania sin sobrecargar y fatigar más a los contribuyentes estadounidenses”.
Tribe y Levin también señalaron en su artículo para The New York Times que aprovechar los fondos rusos “enviaría una potente señal de que Estados Unidos está comprometido a hacer que incluso los Estados más poderosos del mundo paguen por sus crímenes de guerra”.
La idea ha obtenido el respaldo internacional: en mayo, los ministros de Finanzas de Letonia, Lituania, Eslovaquia y Estonia insistieron en que Rusia debe pagar la factura de la reconstrucción de Ucrania.
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Otras medidas legislativas en el Congreso redoblan los esfuerzos para hacer que Rusia pague por invadir Ucrania, incluyendo un proyecto de ley presentado por la congresista Debbie Dingell, demócrata de Michigan, y Fred Upton, republicano también de Michigan, que garantizaría que los ucranianos puedan reclamar daños y perjuicios monetarios a través de los tribunales de Estados Unidos por cualquier pérdida sufrida como resultado de la invasión rusa, pagados por los activos incautados a Rusia o a los oligarcas rusos que el Gobierno de Estados Unidos ha sancionado.
Por su parte, la Casa Blanca emitió un comunicado en el que respalda la legislación presentada por Wilson y Malinowski y pide poderes aún más amplios que le permitan incautar activos oligárquicos para utilizarlos en la lucha más amplia contra el Kremlin. Las propuestas de la Casa Blanca no solo acelerarían los esfuerzos de Estados Unidos para vender los activos y utilizar los ingresos para financiar la lucha de Ucrania por la independencia.
También se ampliaría la capacidad de perseguir los activos rusos de forma más amplia, incluyendo la ampliación del plazo de prescripción de los delitos relacionados y la ampliación de la definición de chantaje para incluir cosas como la evasión de sanciones. Con estos poderes más amplios, el Gobierno de Biden estaría facultado para intervenir “activos oligárquicos” que “permitirían que las ganancias fluyan hacia Ucrania”, según el comunicado de la Casa Blanca.
Sin embargo, los opositores han manifestado su preocupación por la naturaleza arrolladora y sin precedentes de las medidas que se están considerando. Una primera versión del proyecto de ley de la Cámara de Representantes habría autorizado a la Casa Blanca a transformar los activos incautados en recursos para Ucrania, pero algunos grupos de derechos como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) se opusieron.
La ACLU y otros grupos han expresado su preocupación de que los tribunales estadounidenses puedan declarar inconstitucionales los poderes ampliados del presidente, una decisión legal que daría a Rusia una victoria en materia de relaciones públicas y permitiría a Moscú burlarse de lo que se presentaría como la ineptitud de Washington al dirigir el proceso de sanciones internacionales.
Otros han planteado preocupaciones similares. Apropiarse de los activos rusos para su uso por parte de Ucrania es “un objetivo completamente noble, pero no hace falta demasiado para extender este precedente de forma que no nos sintamos cómodos”, explicó a The Washington Post Richard Nephew, investigador de la Universidad de Columbia.
E incluso hay voces dentro de la administración que se oponen a la idea de incautar los activos del Banco Central de Rusia para que los utilice Ucrania. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dijo en Europa en mayo que creía que hacerlo violaría la legislación estadounidense.
“Creo que es muy natural, dada la enorme destrucción en Ucrania y los enormes costos de reconstrucción a los que se enfrentarán, que busquemos a Rusia para que nos ayude a pagar al menos una parte del precio que supondrá”, dijo Yellen a los periodistas en Bonn, Alemania, añadiendo, sin embargo, que “no es algo que esté legalmente permitido en Estados Unidos”.
En medio de las protestas, el proyecto de ley de la Cámara de Representantes se modificó para responder a las preocupaciones sobre el amplio alcance de la legislación original. Ahora simplemente se creará un grupo de trabajo interinstitucional para analizar la mejor manera de sortear estas preocupaciones constitucionales, y proceder a partir de ahí.
La preocupación por la ampliación de los poderes presidenciales no carece por completo de mérito, dada la creciente autoridad del Poder Ejecutivo, y la historia reciente que muestra cómo se puede abusar de esos poderes. También es importante tener en cuenta que esos poderes ampliados seguirán vigentes después de las próximas elecciones presidenciales de 2024, cuando podría haber un ocupante diferente en la Oficina Oval.
Pero estos son tiempos sin precedentes. Debería estar claro en este momento que utilizar los fondos para la defensa y la reconstrucción de Ucrania es mucho más productivo que simplemente congelarlos.
La Casa Blanca ya tiene la autoridad y el precedente para embargar los activos líquidos de Rusia y debería proceder sin demora a privar a Moscú de sus supuestos ahorros. Como parte del proceso, debería convocar a las mejores mentes disponibles durante el próximo grupo de trabajo para garantizar que todas las preocupaciones sobre el debido proceso se aborden adecuadamente.
En este punto, una cosa está clara: el desastroso giro de Rusia exige soluciones fuera del actual libro de estrategias. Y utilizar los activos rusos incautados para respaldar a Ucrania solo tiene sentido, no solo para disuadir a Moscú, sino para disuadir a cualquier régimen que actúe mal y que pueda estar tentado de seguir los pasos destructivos y ruinosos del Kremlin.
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