Santiago, Chile (CNN) — El 1 de mayo, Francisca Sandoval, una joven reportera chilena, viajó a un distrito comercial de la capital, Santiago, para cubrir una manifestación sindical en conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores. Sería su reporte final.
Durante la manifestación, estallaron violentos enfrentamientos entre bandas locales, manifestantes y la policía. Un grupo de pandilleros armados disparó, dejando tres personas heridas, entre ellas Sandoval. La periodista de 29 años murió 12 días después.
La muerte de Sandoval ha puesto de relieve un aumento astronómico de la violencia letal registrada en el país. Incidentes similares han afectado durante mucho tiempo a países como Colombia y Brasil, pero en Chile es un fenómeno bastante nuevo. Los datos varían entre las entidades públicas de Chile, sin embargo, todas presentan cifras alarmantes. Entre 2016 y 2021, los homicidios aumentaron un 40%, según la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Mientras tanto, la Fiscalía Nacional encontró que los asesinatos aumentaron un 66% entre 2016 y 2020.
Matan en Colombia a Marcelo Pecci, fiscal especializado contra el narcotráfico de Paraguay
A medida que los homicidios y el uso de armas de fuego continúan multiplicándose, la seguridad pública se ha convertido en uno de los principales desafíos del recién elegido presidente Gabriel Boric y su gobierno. Lucha contra una poderosa afluencia de actividades delictivas relacionadas con el narcotráfico en las ciudades, así como contra narcotraficantes que están explotando las tensiones históricas entre el estado y las comunidades indígenas en el sur, y que ahora están ganando el control del territorio en medio de un brote de violencia.
Política y económicamente estable, el país ha registrado durante mucho tiempo bajas tasas de criminalidad en comparación con el resto de la región. La tasa de homicidios de Chile es de 3,6 por cada 100.000 habitantes para 2021, según Insight Crime, un grupo de expertos que brinda información sobre el crimen organizado en las Américas.
En comparación con Venezuela, en 40,9 por cada 100.000 habitantes; Colombia, con 26,8 por 100.000; y Brasil, con 18,5, Chile todavía ocupa un lugar bajo en la comparación regional, según el reporte anual de homicidios de la organización. En Estados Unidos, la tasa de homicidios alcanzó el 7,8 por 100.000 en 2020, lo que marca el mayor aumento anual de la tasa de homicidios en 100 años, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés).
Los chilenos piden justicia en una vigilia por la fallecida periodista Francisca Sandoval en Santiago el 13 de mayo.
Sin embargo, el informe de Insight Crime también afirma que “si bien Chile evitó durante mucho tiempo el tipo de actividad criminal y las pandillas que plagaron a otros países, ese ya no parece ser el caso”.
El Departamento de Prevención del Delito de Chile informó que los homicidios aumentaron en casi un 30% entre 2019 y 2020, y la policía atribuyó el aumento a la pandemia, la desaceleración económica y el aumento resultante del comercio ilícito. Si bien los homicidios cayeron un 21,8 % entre 2020 y 2021, las cifras acumuladas desde 2017 muestran un aumento general en la tasa de homicidios.
“La situación de Chile es preocupante”, dijo a CNN Juan Pablo Luna, politólogo del Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad Católica de Chile, y agregó que no está solo mientras desciende a la violencia.
“Países donde el Estado es relativamente fuerte y con democracias sólidas se suponía que eran inmunes a este tipo de escenarios, pero ahora vemos que era una ilusión”, dijo Luna.
Señaló a Paraguay, Perú, Uruguay y Ecuador, entre otros en la región, que también se han enfrentado al aumento de la delincuencia.
Las estadísticas de Ecuador son particularmente sorprendentes, con un aumento de homicidios del 84,4% en el último año, según el Instituto Nacional de Estadística y Censo del país. En Uruguay, el Ministerio del Interior dijo recientemente que hubo un aumento de más del 33% en un año. En Perú, el gobierno declaró el estado de emergencia en Lima y la región del Callao a principios de este año para combatir el crimen, enfocándose principalmente en los asesinato por contrato. Y en Paraguay, los asesinatos por contrato también aumentaron significativamente el año pasado, según Insight Crime.
Los expertos atribuyen el aumento de la violencia en la región al alcance cada vez mayor de las redes mundiales delictivas.
Alejandra Mohor, socióloga del Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile le dijo a CNN que “estamos presenciando una mayor infiltración del crimen organizado internacional en estos países”.
“Debido a la globalización, el tipo de delitos que vemos ha cambiado. En países extremadamente violentos como Colombia o Venezuela, quizás no lo notes, pero en Chile, Ecuador, Perú, Bolivia y probablemente Argentina, el nivel de especialización de este negocio criminal está teniendo un gran impacto porque es nuevo”, dijo Mohor.
Sin embargo, esta expansión en Chile no ha ocurrido de la noche a la mañana.
Un oficial de policía patrulla el barrio Yungay de Santiago en abril.
Las nuevas estrategias criminales se han desarrollado progresivamente durante la última década, pero las autoridades no pudieron anticipar cuán gravemente afectaría a la sociedad, dicen los expertos.
En 2011, por ejemplo, los Servicios Médicos Forenses de la Región Metropolitana de Santiago advirtieron en un informe que los asesinatos relacionados con armas tenían una tendencia al alza.
“El aumento de las muertes por arma de fuego entre los jóvenes en nuestro país es un fenómeno que debe llamar nuestra atención”, señala el informe.
Pero no ganó mucha tracción entre las fuerzas del orden o los funcionarios de la ciudad, dijo Mohor. A medida que crecía la violencia, las políticas públicas implementadas por los sucesivos gobiernos no abordaron las necesidades básicas de muchos barrios de bajos ingresos, lo que a su vez proporcionó un terreno fértil para que se asentaran los grupos criminales y para que proliferara el narcotráfico.
“Tenemos gente que vive en áreas segregadas, lejos de su lugar de trabajo, sin un buen transporte público, sin escuelas ni servicios de salud disponibles. Y cuando el Estado está ausente, el crimen organizado comienza a llenar ese vacío”, dijo.
En un artículo de 2021 de Urban Violence Research Network, los investigadores dijeron que la desigualdad en América Latina que sienten los pobres y la clase trabajadora con “pocas otras opciones para sobrevivir” los convierte en “reclutas fáciles para el tráfico de drogas”.
“El tráfico de cocaína integra territorios marginados que han sido abandonados por el Estado a los mercados globales y actúa como motor de desarrollo”, dijo la organización.
Paradójicamente, la prosperidad también se considera una causa del aumento de la violencia. Más dinero significa más drogas, según Luna, y el auge de las materias primas que favoreció a América del Sur hasta 2014 ayudó a que prosperaran los negocios ilícitos.
El mayor consumo de drogas siguió también al aumento del poder adquisitivo, atrayendo nuevos actores a la economía ilegal y consolidando las rutas del narcotráfico en el sur.
Todos estos factores desencadenaron nuevas disputas territoriales entre pandillas y más violencia en Chile, así como en Uruguay, Paraguay y Ecuador.
“Rodeado de narcotraficantes”
N. G., a quien CNN no identifica completamente por motivos de seguridad, vive en el barrio empobrecido de El Bosque en Santiago y ha sentido esa transformación de primera mano. La joven de 28 años ha vivido con su madre en la misma casa desde que nació, pero ahora apenas reconoce su bloque.
“Cuando era niña, mi principal preocupación era que mi madre me encontrara jugando en la calle en lugar de hacer la tarea cuando llegaba a casa. Ahora casi no salgo”, dijo. “Vivimos rodeados de narcotraficantes”.
La mayor parte del tiempo, ella dice que tiene miedo.
“Todos los días escuchamos fuegos artificiales, porque los traficantes los usan como señal de que llegaron cargamentos de droga, porque hay un narcofuneral, o simplemente para tapar el ruido de los tiroteos. Pocas veces vemos a la policía, no podemos vivir en paz”, dijo.
N. G. dijo que esa inseguridad ha empeorado desde que comenzó la pandemia de covid-19. Los expertos explican que la crisis económica, el aumento del tráfico de migrantes a lo largo de la frontera boliviano-chilena y la corrupción policial solo han exacerbado el problema, permitiendo que el crimen organizado adquiera una dimensión completamente nueva.
La policía chilena supervisa una gran incautación de drogas, incluidas cocaína y cannabis, en abril.
En septiembre pasado, el Observatorio del Narcotráfico en Chile alertó sobre el surgimiento de dos cárteles mexicanos (el de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación) y un cártel colombiano (Cártel del Golfo) en Chile. Los cárteles mexicanos también han aumentado sus operaciones en Argentina, Colombia, Perú y Ecuador, según Ernesto López Portillo, coordinador del programa de seguridad pública de la Universidad Iberoamericana en Ciudad de México.
Otro cártel notorio que ahora también ha dejado su huella en Chile es el venezolano Tren de Aragua, una de las organizaciones criminales más peligrosas del continente, según Insight Crime y Ximena Chong, fiscal jefe en Santiago. Sus líderes han aprovechado la crisis migratoria en el norte para reforzar su control sobre nuevos territorios, según Insight Crime.
Para cimentar su control, los grupos criminales transnacionales se están adaptando a cada nuevo país al hacer nuevas alianzas con pandillas locales, explicó Mohor.
“Ya no estamos hablando de narcotráfico o microtráfico”, dijo Chong a CNN. “Son organizaciones que funcionan como holdings, con diversidad de actividades ilícitas: sicariato, tráfico ilícito de armas de fuego, extorsión, trata de personas, explotación sexual y más”.
En este contexto, muchos países sudamericanos no cuentan con los medios para abordar adecuadamente el problema, dijo Chong, ya que las tácticas de los grupos criminales están evolucionando más rápido que la capacidad de muchos países para investigarlos. Chile, por ejemplo, carece de fuerzas policiales especializadas, tecnologías policiales innovadoras y programas adecuados de protección de testigos. Todo esto, sumado a la corrupción, representa enormes obstáculos para procesar y sancionar a los grupos criminales, agregó Chong.
“Necesitamos desarrollar nuevas estrategias de persecución que vayan más allá de hechos delictivos específicos, sobre todo considerando que, a nivel internacional, estamos viendo organizaciones criminales permeando los servicios públicos”, dijo.
El día después de que le dispararan a Sandoval, la periodista chilena, un hombre con antecedentes penales por tráfico de drogas fue arrestado y desde entonces ha sido acusado de su asesinato, informaron medios chilenos. Aún no se ha encontrado el arma que presuntamente usó, sin embargo, las autoridades han establecido que la bala era calibre 40. El delegado presidencial para la Región Metropolitana de Santiago dijo que el tiroteo estaba relacionado con el crimen organizado y el control de armas poco estricto, dos cuestiones que el gobierno está dispuesto a abordar.
“Los Estados son completamente incapaces de desmantelar el crimen organizado transnacional”, dijo López Portillo.
“Esto está afectando la salud de las democracias y debilitando el ya frágil estado de derecho. Y los países que tuvieron menos violencia no están exentos de esta realidad porque los mercados criminales no tienen fronteras y nunca las tendrán”.
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