(CNN Español) — La vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, envió este martes una carta a la representante de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en ese país, Juliette de Rivero, expresando su preocupación porque asistió a la presentación de un informe sobre las protestas contra la brutalidad policial del 9 y 10 de septiembre de 2020 en Bogotá.
“En sus declaraciones, usted parece refrendar el contenido de un documento que el Estado no conocía hasta ayer y que plantea una situación de desconfianza grave en la institucionalidad y, en particular, en la Policía Nacional”, indica la misiva.
Informe independiente señala que la Policía es responsable de 11 muertes durante las protestas de 2020 en Colombia
Además, agrega que el Gobierno “debe llamar la atención” sobre los efectos “desafortunados” que genera la participación en el informe de Carlos Negret, un experto independiente a la oficina de la ONU, y que además es candidato al Senado en la lista del Nuevo Liberalismo. “Al proceder de esa manera, se pone en riesgo la confianza que debe prevalecer en las relaciones entre el Gobierno y la Oficina, y se dificulta la comunicación y la cooperación que constituyen la esencia de su mandato”, señaló.
CNN ha tratado de contactar a la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia, sin éxito hasta ahora. En la presentación del informe, de Rivero había expresado que el objetivo no es desacreditar la imagen de la Policía sino “restaurar confianza, utilizando la verdad para reformar”.
La investigación, solicitada por la Alcaldía de Bogotá, fue desarrollada por un grupo independiente con la asesoría técnica de las Naciones Unidas. En su presentación este lunes, los expertos indicaron que la Policía Nacional de Colombia tiene responsabilidad en la muerte de 11 personas durante los hechos ocurridos en septiembre de 2020, cuando se desarrollaron manifestaciones en la capital colombiana.
La Policía respondió en su cuenta de Twitter al informe diciendo que la institución pidió perdón por los hechos. Además, reitera que en septiembre de este año dio a conocer que se ha acercado a los familiares de los fallecidos para informarles de los avances que se están haciendo para que se imparta justicia. Por último, aseguran que la Policía Nacional “es la primera interesada en que se haga justicia”.
Durante la presentación del informe, la alcaldesa de Bogotá Claudia López anunció que solicitará una audiencia pública al presidente Iván Duque y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se interioricen sobre el reporte.
Cabe destacar que la relatoría que trabajó en los hechos colombianos no es un organismo judicial de investigación y no puede establecer sanciones penales ni disciplinarias a quienes resulten responsables. Tanto la Fiscalía como la Procuraduría de Colombia han abierto investigaciones en el caso.
Hasta el momento hay dos detenidos. Uno de ellos fue condenado por la muerte del estudiante Javier Ordóñez, ocurrida el 9 de septiembre de 2020 en el contexto de un operativo policial en Bogotá.
The-CNN-Wire
™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.
