(CNN) — El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este martes una investigación civil a nivel estatal sobre las prisiones de Georgia, centrada en la violencia entre presos y el abuso sexual de gays, lesbianas y transexuales por parte de los reclusos y el personal.
Kristen Clarke, que dirige la división de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, dijo que la investigación se centrará en las posibles violaciones de los derechos civiles. Dijo que la ley federal, la ley de Derechos Civiles de las Personas Institucionalizadas, autoriza al Departamento de Justicia a investigar las prisiones estatales “para determinar si las personas encarceladas están sujetas a un patrón o práctica de violaciones constitucionales”.
“Aunque esta ley federal de derechos civiles, de importancia crítica, ha permitido algunos avances, la necesidad urgente de nuestro trabajo continúa hoy en día”, dijo Clarke.
Clarke dijo que el Departamento de Justicia encontró una “justificación significativa” para abrir esta investigación.
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“Por ejemplo, en 2020, al menos 26 personas murieron en las prisiones de Georgia por homicidio confirmado o sospechoso. Se han reportado 18 homicidios en lo que va de 2021”, dijo Clarke. “También han surgido informes de otros innumerables actos de violencia, asaltos, incluyendo apuñalamientos y golpes en las prisiones de Georgia”.
“Los ciudadanos preocupados, los familiares y las organizaciones de derechos civiles, así como las fotografías y los vídeos vinculados a las redes sociales y otros canales han puesto de manifiesto la existencia de armas de contrabando generalizadas y la actividad abierta de las bandas en las prisiones”, añadió Clarke.
Clarke también señaló que más de dos millones de personas residen en prisiones y cárceles de todo el país, y que los negros están desproporcionadamente representadas entre ellas.
“Por ejemplo, en Georgia, el porcentaje de personas encarceladas que son negras es casi el doble del porcentaje de residentes negros en el estado de Georgia en general”. Según los datos del Departamento Correccional de Georgia, la población carcelaria del estado es de un 61% de negros, por lo que representan alrededor del 32% de la población”, dijo Clarke.
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La investigación también abordará los efectos devastadores de “la escasez de personal penitenciario, las políticas y la formación inadecuadas, y luego la falta de rendición de cuentas”, dijo Clarke. “La falta de personal en los centros penitenciarios es un problema especialmente grave. Puede conducir a una supervisión inadecuada y a la violencia. También puede impedir que las personas puedan acceder a la atención médica y mental necesaria”.
“La condena de ningún preso debería incluir la violencia a manos de otros presos mientras está entre rejas”, dijo Clarke. “Nuestra investigación examinará si el estado de Georgia protege adecuadamente a los presos recluidos en los niveles [bajo] y medio de seguridad contra los daños físicos, a manos de otros presos, como exige la Octava Enmienda”.
La Octava Enmienda protege contra los castigos crueles e inusuales.
El mes pasado, el Departamento de Justicia y el estado de Nueva Jersey anunciaron una propuesta de decreto de consentimiento para instituir cambios importantes en el centro penitenciario para mujeres Edna Mahan, tras una investigación de dos años sobre denuncias de abusos sexuales.
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