(CNN Español) — La nueva controversia entre Chile y Argentina tiene un nombre: “la puerta de entrada a la Antártida”. Se trata de una superficie de aproximadamente 30.500 kilómetros cuadrados en una de las zonas más australes del planeta.
Todo comenzó con un decreto del presidente de Chile Sebastián Piñera. Allí anunció que amplió la plataforma continental de su país unos 30.500 kilómetros cuadrados. Según Argentina, 5.500 de ellos pertenecen a Argentina y el resto son patrimonio universal.
“Chile con este decreto intempestivo, apropia”, acusó el canciller argentino, Felipe Solá. Por su parte, su homólogo chileno, Andrés Allamand, alegó que “nadie se apropia de lo que le pertenece”.
Esta nueva controversia enciende alarmas porque el último antecedente entre ambos países fue la disputa por el canal de Beagle, un diferendo que casi desemboca en una guerra en 1978 y finalizó con el Tratado de Paz y Amistad firmado en 1984.
El exjuez ad hoc de la Corte Internacional de Justicia Raúl Vinuesa sostiene que la controversia actual es “completamente diferente” a la del canal de Beagle dado que, según su visión, el problema actual es “netamente jurídico”. De hecho, Chile y Argentina defienden cada su posición con los mismos documentos: el Tratado de Paz y Amistad y la Convención de Derechos del Mar. “Hay que interpretar esos textos”, sintetizó Vinuesa.
El Tratado de Paz y Amistad de 1984 proyectó una línea que dividió las zonas económicas exclusivas y plataformas continentales de cada país al sur de sus territorios. Dicha línea estableció que al oeste Chile tiene soberanía y el este, Argentina. El problema es que esa línea no llega hasta la Antártida sino que su trayectoria finaliza en alta mar en una coordenada denominada “punto F”. La controversia gira en torno a qué pasa al sur del “punto F”, donde Chile amplió su plataforma. Según el artículo 7 del Tratado, la zona económica exclusiva de Chile se prolonga al occidente de la línea, deslindando al oriente con el alta mar.
El canciller argentino, Felipe Solá, expresó la interpretación de su país: “Dice Chile puede tener una zona económica exclusiva al oeste, no al este”. Sin embargo, el canciller chileno afirmó que al este también le pertenece a su país “de pleno derecho”.
La ampliación que reclama Chile se superpone con una plataforma argentina de 5.500 kilómetros cuadrados, que fue reconocida como tal por la Comisión de Límites de Plataforma Continental de las Naciones Unidas en 2017. Ese fue el resultado de unas gestiones argentinas que habían comenzado en 2009, según la Cancillería de ese país.
“Si no hubiese un acuerdo previo con Argentina, Chile podría pretender esta zona como parte de su plataforma continental”, señaló Vinuesa.
Cuando Argentina obtuvo el reconocimiento de la Comisión de la ONU, Chile no presentó objeción alguna ante el organismo internacional. Esto ha sido reconocido por las autoridades del país y es un detalle importante, según el exjuez ad hoc de la Corte Internacional de Justicia. Para Vinuesa, “hay una contundente posición chilena de silencio que en realidad se transforma en un reconocimiento tácito, lo que llamamos en derecho internacional, aquiescencia. El que no protesta, pierde”.
Desde la Cancillería chilena dijeron a CNN que enviaron una carta a su homóloga argentina en 2016 pero se negaron a brindar detalles sobre su contenido. Pese a esto, el director de Consejería de la Cancillería argentina, Holger Martinsen, dijo que la nota chilena sólo hablaba de “imprecisiones” y no de objeciones. Ante el Senado, Martinsen explicó que “alegar que lo dicho en aquella nota es un antecedente de objeción a la posición argentina es imaginar que aquella nota decía algo que no dice”.
Pese a las marcadas diferencias, Argentina y Chile se comprometieron a resolver esta controversia a través del diálogo. Sin embargo, la perspectiva de Vinuesa para esas negociaciones no es buena dado que admitió ver “poco margen para un acuerdo porque se trata de un derecho adquirido para Argentina y para Chile es una innovación”. El canciller chileno, Andrés Allamand, lejos de pensar en la postura de su país como una innovación, habló de una política de Estado y aclaró que le parece “inconducente escalar la controversia”. Por su parte, el canciller argentino manifestó su deseo de resolver la disputa en buenos términos.
En caso de que el diálogo bilateral no tenga éxito, la disputa tendrá que llegar a un tribunal internacional para ser resuelta.
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