Policía Nacional de Nicaragua detiene al promotor de la reforma electoral

(CNN Español) — La Policía Nacional de Nicaragua informó este lunes, a través de un comunicado -sin precisar lugar ni circunstancias- que detuvo al opositor José Antonio Peraza Collado, quien según la institución se encuentra bajo investigación de conformidad con la Ley 1055, la “ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y la autodeterminación para la paz”.

De acuerdo con el comunicado policial, Peraza Collado, quién es politólogo y miembro del independiente grupo promotor de reformas electorales, está siendo investigado por supuestos “actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación e incitar a la injerencia extranjera en asuntos internos del país, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y lesionar los intereses supremos de la nación”.

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Peraza Collado comparecía con frecuencia como analista político y electoral en medios independientes. Este lunes, participó como invitado en Canal 10 de Nicaragua donde comentó sobre el proceso de verificación ciudadana, en el que, según dijo, a pesar de la buena concurrencia se reportó presencia de paramilitares, cambio de dirección de juntas receptoras de voto de los ciudadanos y control del partido de gobierno en los centros de verificación.

Peraza Collado, quien fue directivo del Movimiento por Nicaragua, se suma a un total de 28 opositores que permanecen detenidos por la Policía. Entre ellos, 7 precandidatos presidenciales, detenidos entre el 28 de mayo y el 26 de julio, a menos de 4 meses de las elecciones previstas para noviembre próximo. Del total, 25 son investigados bajo la Ley 1055, por supuestas acciones contra la soberanía nacional, mientras que otros tres están vinculados al supuesto lavado de dinero de la Fundación Violeta Barrios. Los familiares y abogados particulares de los investigados rechazan los cargos y, hasta el momento, dicen no haber podido leer el expediente de sus casos.

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