Lo que debes saber sobre el decreto de covid-19 del gobernador de Texas dirigido al transporte de migrantes

(CNN) — El gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, inició su guerra contra las políticas de inmigración de la administración de Biden con un decreto el miércoles dirigido al transporte de migrantes liberados de la custodia.

El decreto se enmarca como una medida de salud pública para abordar el covid-19, que está aumentando en Texas en medio de la oposición de Abbott a los nuevos mandatos de uso de máscaras o requisitos de vacunación. También ha provocado la amenaza de una demanda del secretario de Justicia de Estados Unidos, Merrick Garland.

Esto es lo que debes saber sobre el decreto, su impacto potencial sobre el terreno y la posibilidad de una batalla legal:

¿Qué dice el decreto?

El decreto de Abbott dice que está ordenando a la policía estatal de Texas, bajo el Departamento de Seguridad Pública, que detenga cualquier vehículo si existe una “sospecha razonable” de que está transportando a ciertos migrantes que cruzaron ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México y fueron liberados de la custodia de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU.

Si los funcionarios estatales confirman que los migrantes transportados se ajustan a esa categoría, la agencia debe desviar el vehículo a su punto de origen, de acuerdo con el decreto. El decreto también otorga a los policías estatales la autoridad para incautar los vehículos que se utilizan para transportar a los migrantes en cuestión.

¿Por qué lo emitió Abbott?

En su comunicado de prensa en el que anunciaba el decreto, Abbott afirmó que el aumento de los casos de covid en Texas está relacionado con el “aumento dramático de los cruces fronterizos ilegales”.

Es cierto que Texas ha visto algunos de los aumentos más altos de casos de covid en el país, pero el papel que han jugado los cruces fronterizos en ese aumento es incierto, en el mejor de los casos. En cambio, los funcionarios de salud pública han culpado del reciente aumento de casos en Texas a las tasas de vacunación más bajas del estado.

Los críticos de Abbott dicen que la justificación de covid para el transporte de migrantes es hipócrita, ya que se ha opuesto con vehemencia a otras políticas de salud pública de covid, incluido el esfuerzo de la administración de Biden para financiar las pruebas para los inmigrantes liberados de la custodia.

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Lo que está bien establecido es que Abbott ha estado en pie de guerra contra las políticas clave de inmigración de Biden, incluida la voluntad de la administración de liberar a los que cruzan la frontera hacia Estados Unidos que han sido detenidos por funcionarios federales de inmigración.

Una estación de autobuses en McAllen se ha convertido en un punto álgido en la tensión entre los republicanos de Texas y la administración de Biden. Una vez que los inmigrantes capturados que cruzaron ilegalmente la frontera han sido procesados por las autoridades federales, los funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza los han dejado en la estación. A partir de ahí, otras entidades privadas, incluidas las organizaciones religiosas que tienen contratos con el gobierno federal, han organizado el transporte para los inmigrantes. El decreto de Abbott exime a las autoridades federales, estatales o locales en su prohibición de transportar a los migrantes en cuestión.

“El resultado sería dejar varados a un montón de inmigrantes indocumentados en las estaciones de autobuses”, dijo Stephen Vladeck, colaborador de CNN y profesor de derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas. “Abbott no está proponiendo que el estado los retenga. Abbott no puede obligar al gobierno federal a retenerlos. Por lo tanto, solo hará que sea más difícil para el gobierno federal ejecutar las decisiones políticas que ha tomado”.

Pero la administración de Biden no ha tomado todas estas medidas de forma inactiva, y el decreto del miércoles rápidamente ganó una advertencia por parte de la administración, en forma de una carta del Departamento de Justicia el jueves amenazando con una demanda. Abbott respondió que lucharía contra cualquier esfuerzo del Departamento de Justicia.

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¿Es legal?

Los críticos de Abbott ya están cuestionando la legalidad del decreto. Hay dos áreas principales en las que podría ser vulnerable a un desafío legal, según Vladeck. Podría considerarse una apropiación ilegal de un contrato federal, ya que las empresas de autobuses a menudo transportan migrantes como parte del trabajo para el gobierno federal.

Y también puede ir en contra de la decisión de la Corte Suprema en el caso de 2012 Arizona v. Estados Unidos. En ese caso, la administración de Obama impugnó una ley de Arizona que facultaba a los funcionarios estatales a arrestar a personas sospechosas de ser inmigrantes indocumentados. El tribunal confirmó algunos aspectos de la ley de Arizona, pero anuló otros que pisoteaban el “amplio e indudable poder del gobierno federal sobre el tema de la inmigración”.

El decreto de Abbott es “en algunos aspectos peor” que la ley de Arizona, según Thomas Saenz, presidente y consejero general de MALDEF, una organización de derechos de los inmigrantes, ya que la ley de Arizona al menos buscaba que las autoridades locales hicieran cumplir la ley de inmigración como parte de sus deberes para hacer cumplir las leyes estatales.

“Esto dice salir y detener afirmativamente a alguien por un problema relacionado con la inmigración”, dijo Sáenz.

Sáenz también comparó el decreto con los problemas legales que tuvo el exsheriff del condado de Maricopa Joe Arpaio por atacar a los inmigrantes en las paradas de tráfico. Sus prácticas policiales fueron declaradas inconstitucionales por discriminación racial por un tribunal federal, y luego fue condenado por desacato criminal por negarse a pararlas. (Trump indultó a Arpaio en 2017).

Al enmarcar su decreto en torno a la autoridad del Departamento de Seguridad Pública para vigilar el tráfico de vehículos motorizados y al apuntar el decreto a los vehículos que se sospecha están saliendo de lugares donde Aduanas y Protección Fronteriza libera a los inmigrantes, Abbott puede haber estado buscando un margen de maniobra en esos casos.

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La oficina de Abbott no respondió a las consultas de CNN sobre las cuestiones legales relacionadas con el decreto.

¿Cómo se hará cumplir?

Hay preguntas sobre qué tan ansioso estará el Departamento de Seguridad Pública de implementar el decreto. Kathleen Campbell Walker, expresidenta de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, se preguntó cómo capacitaría el departamento a sus funcionarios para hacerlo cumplir. Walker fue contratada por el condado de El Paso en 2006 para capacitar a sus agentes sobre cómo cumplir con la ley mientras realizaba paradas de tráfico con personas que sospechaban que carecían de estatus migratorio.

“Así que tengo que averiguar qué factores estaría buscando para detener un vehículo porque parece haber personas en él que estarían sujetas a expulsión bajo el decreto Título 42”, dijo, refiriéndose a la política de la era Trump vinculado a la pandemia de coronavirus que permite a las autoridades fronterizas expulsar rápidamente a los migrantes que se encuentran en la frontera. “En mi opinión, crea una situación de imposibilidad potencial de desempeño para las fuerzas del orden”.

En un comunicado, el Departamento de Seguridad Pública fue vago sobre su plan para hacer cumplir el decreto.

“El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) está comprometido a asegurar nuestra frontera bajo la dirección del gobernador Greg Abbott y a través de los decretos aplicables a DPS”, dijo. “Si bien el departamento no discute los detalles operativos, continuaremos monitoreando la situación en la frontera para tomar decisiones en tiempo real y ajustar las operaciones según sea necesario”.

Independientemente, el decreto coloca a quienes transportan migrantes, incluidas las entidades que tienen contrato con el gobierno federal, en un lugar incómodo, ya que prohíbe ese transporte y expone a esas organizaciones a la posibilidad de que sus vehículos sean incautados.

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“Existe el temor de que a los voluntarios humanitarios se les confisquen sus vehículos porque llevaban a un migrante a la estación de autobuses”, dijo a CNN Aaron Reichlin-Melnick, asesor de políticas del Consejo Estadounidense de Inmigración.

La reacción al decreto de Greyhound, la compañía de autobuses que a menudo utilizan los socios privados del Gobierno para transportar inmigrantes, fue concisa: “Greyhound cumple con todas las leyes federales y estatales”, dijo la compañía en un comunicado.

Priscilla Alvarez de CNN contribuyó a este informe.

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