(CNN) — Elisa Loncón, una lingüista chilena, creció en una «ruka», una choza tradicional de madera y paja donde viven los indígenas mapuche en áreas rurales del centro-sur de Chile. Fue a la escuela en la ciudad más cercana, donde era la única niña indígena en su clase y tenía que soportar ser discriminada diariamente. Pero renunciar a la oportunidad de la educación no era una opción: su madre abandonó la escuela en tercer grado, cansada de caminar largas horas descalza para llegar a su salón de clases, mientras que su padre no aprendió a leer hasta los 17 años. Ellos querían algo mejor para ella.
Hoy, Loncón, de 58 años, tiene una maestría y dos doctorados. También es una de los 155 miembros de la nueva asamblea constituyente encargados de redactar la nueva carta magna del país.
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Después de más de un año de agitación social y descontento popular, Chile está entrando en una nueva etapa. En octubre de 2019, un aumento de la tarifa del metro provocó protestas masivas y disturbios en todo el país, lo que obligó al presidente conservador Sebastián Piñera a aceptar un referéndum para reescribir la constitución heredada de la sangrienta dictadura del general Augusto Pinochet. Como resultado, en octubre pasado, más del 78% de los votantes chilenos aprobaron el cambio constitucional, y el mes pasado, volvieron a votar para elegir a los miembros de una asamblea constituyente.
¿Podrá una nueva constitución resolver los viejos problemas de Chile?
Este domingo, la asamblea tuvo su primera sesión oficial, dando inicio a un proceso que debe durar hasta un año y producir un texto que será ratificado a través de un nuevo plebiscito. Esto es histórico no solo porque simbólicamente pone fin al legado del régimen autoritario de Chile. También es una oportunidad única para que cualquier país establezca nuevas pautas para el siglo XXI.
Se espera que la asamblea constitucional de Chile trate de limitar los privilegios de una élite con un control dominante en el poder político, que todavía actúa como una oligarquía. En el centro del debate constitucional estará si eliminar o no una sección existente que regula el poder del Estado para desarrollar actividades empresariales, lo que la mayoría de los chilenos cree que conduciría a nuevas políticas de bienestar social. La mayoría de los miembros de la asamblea también tienen como objetivo promover una mayor participación cívica y una mejor protección del medio ambiente en la nueva constitución.
Diversidad y paridad de género sin precedentes
Desde que fue electa, la asamblea constitucional de Chile ha llamado la atención en toda Latinoamérica tanto por su diversidad política, racial y cultural como por la incertidumbre que la rodea. A los conservadores les preocupa que no pueda generar una carta magna equilibrada en un país donde la voz de quienes se habían sentido marginados se ha vuelto más fuerte.
La composición de la asamblea es sin duda un cambio para la política en Chile, con 155 miembros que en conjunto reflejan el fuerte rechazo de los chilenos a la clase política establecida: las coaliciones de centro izquierda y derecha que han compartido el poder desde el retorno a la democracia en 1990 sufrieron un duro golpe, obteniendo sólo el 16% y el 24% de los escaños, respectivamente. En contraste, candidatos independientes y recién llegados de partidos políticos de izquierda y movimientos sociales han tenido su momento de gloria, reuniendo el 60% de los votos.
«Hay mucha incertidumbre en torno al proceso porque tienes un grupo de personas que no son políticos profesionales, son algo inexpertos e impredecibles. Es difícil saber hasta qué punto están dispuestos a comprometerse», dice Oliver Stuenkel, profesor de Relaciones Internacionales en la Fundaçao Getulio Vargas (FVG) en Sao Paulo y académico no residente en el Carnegie Endowment for International Peace. «Pero no se me ocurre una forma más democrática e inclusiva de hacerlo», añade.
Loncón es un buen ejemplo de la diversidad de esta asamblea. Es a la vez mujer e indígena: dos grupos que han encontrado nueva influencia en el proceso constitucional. La asamblea chilena es la primera en el mundo en tener paridad de género (77 miembros son mujeres) y la primera en la historia del país en incluir asientos designados (17) para representantes indígenas.
También incluye ambientalistas, feministas, miembros de la comunidad LGBTQ+ y chilenos de todo el espectro social. Abogados, politólogos, ingenieros e historiadores convivirán con activistas sociales, amas de casa y conductores de autobuses escolares, entre otros. La edad promedio de los asambleístas es de 44 años. Muchos de ellos participaron en las protestas de octubre de 2019.
La constitución actual de Chile fue redactada bajo la influencia del modelo neoliberal del economista de la Universidad de Chicago, Milton Friedman. A pesar de sus muchas enmiendas, la mayoría de los chilenos la considera demasiado dirigida al libre mercado y la culpa de las marcadas desigualdades del país.
Segunda jornada de elección constituyente en Chile 2:48
Según el World Inequity Lab, un centro de investigación centrado en el estudio de la distribución del ingreso y la riqueza en todo el mundo, Chile es el país más desigual de América Latina, donde el 10% en el nivel más alto concentra el 60% del ingreso nacional promedio. Es una realidad de la que la mayoría de los chilenos están cansados. En 2020, la «Encuesta Bicentenario» que viene midiendo indicadores culturales anualmente desde 2010, mostró que el 77% de los chilenos cree que hay un «gran conflicto» entre ricos y pobres. En este contexto, muchos ven la nueva constitución como la solución.
«Chile se está abriendo a nuevos actores políticos. Fuimos llamados a escribir algo diferente», dice Loncón.
Tomás Laibe es un politólogo y activista LGBTQ+ de 30 años que fue electo a la asamblea en la sureña ciudad de Puerto Aysén. Es un miembro del Partido Socialista que cree que su generación está transformando la forma en que se hace política. La élite dominante, acostumbrada a tomar decisiones de arriba hacia abajo y proteger sus propios intereses económicos, está siendo aniquilada, afirma.
«Esta es la primera vez que la política institucional se asemeja al Chile real. No tendremos hombres hablando de temas de mujeres, gente heterosexual discutiendo la diversidad sexual o gente blanca hablando de las necesidades de las comunidades indígenas. Lo haremos nosotros mismos porque hoy estamos mejor representados», agrega.
La desilusión política es real. Según la» Encuesta Bicentenario», en 2020 solo el 10% de los chilenos confiaba en el gobierno y la cifra se desploma al 1% cuando se trata del Parlamento.
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, muestra el documento oficial que llama a los miembros de la asamblea que redactarán una nueva constitución a reunirse para su primera sesión el 4 de julio, en el palacio presidencial de La Moneda en Santiago, Chile, el domingo 20 de junio de 2021.
En busca de consenso
Todavía hay mucha incertidumbre sobre el resultado de este proceso.
La asamblea se inclina notablemente hacia la izquierda y, hasta ahora, los miembros del otro lado del espectro político han estado ausentes del debate. CNN se puso en contacto con cinco electores de la coalición de derecha, pero todos se negaron a comentar. Hasta el referéndum de octubre, la mayoría de la coalición había hecho campaña en contra de cambiar la constitución.
Pero no es solo izquierda contra derecha. Muchos asambleístas provienen de grupos engendrados por movimientos sociales que se unieron solo con fines electorales; están lejos de pensar de la misma manera. Incluso dentro de los partidos, el consenso no es un hecho.
«Los grupos diferentes no están cohesionados e incluso cuando los miembros de los partidos políticos más establecidos intentan llegar a acuerdos dentro de su cohorte, se elevan las voces disidentes”, dice Patricio Fernández, periodista y escritor de centroizquierda, quien fue electo como independiente en uno de los distritos de Santiago.
En el último mes, los constituyentes se han reunido virtualmente para conocerse entre sí. Incluso en esta etapa inicial, surgieron tensiones cuando 34 miembros decidieron manifestarse como un grupo llamado «Vocería de los Pueblos» y afirmaron que se negaban a acatar las reglas de la convención, que partidos de ambos lados del espectro político acordaron antes del referéndum.
Vocería de los Pueblos llamó a la «soberanía popular» y exigió la liberación de lo que consideran presos políticos, entre otras cosas, lo que generó muchas críticas. Sin embargo, desde entonces, su número no ha parado de crecer, y ahora tienen 11 constituyentes más.
«Todo este proceso está lleno de matices», dice Fernández. «No me gustó el tono sectario de la declaración de Vocería de los Pueblos, porque necesitamos construir una constitución sobre el diálogo, no sobre la imposición, pero cuando se les habla individualmente, son mucho menos radicales de lo que parece».
Elisa Giustinianovich, ingeniera química de 36 años que se define como activista ecofeminista, es miembro de «Vocería de los Pueblos». Vive en la región más austral de Chile y estuvo muy activa durante las protestas de 2019. Insiste en que la declaración no fue un ultimátum y lamenta la «reacción exagerada» que provocó en los medios de comunicación y entre los políticos de derecha y centro izquierda.
«Nos llamaron de todo: rebeldes, antidemocráticos, golpistas. Fue brutal», dice.
Las próximas semanas serán cruciales para ver si los miembros de la asamblea están realmente abiertos al diálogo. Los conservadores temen que el proceso constitucional degenere en un camino populista para que un líder consolide el poder ejecutivo, como ha ocurrido en Bolivia y Venezuela. Pero los expertos dicen que eso es poco probable; Claudia Heiss, doctora en ciencias políticas y autora del libro «¿Por qué necesitamos una nueva constitución?», no lo considera una posibilidad.
«En Chile estamos viendo una respuesta institucional a un levantamiento social y sus demandas. Es inédito en América Latina tener un proceso que comienza como una revolución y se convierte en una convención con deberes limitados», dice.
Las cifras por sí solas podrían obligar a los diferentes sectores políticos a buscar consensos, ya que ninguno posee la mayoría de dos tercios necesaria para aprobar un proyecto de ley ni la de un tercio para vetar. Además, hay un terreno común en el que trabajar: la mayoría de los constituyentes han demostrado que están dispuestos a alejarse de las políticas públicas orientadas al libre mercado en áreas como salud, educación y pensiones.
Quizás lo más importante es que si la convención logra redactar una constitución que satisfaga las necesidades de los chilenos modernos, podría tener un gran impacto en el resto de América Latina.
«La región no tiene rumbo en este momento. Existe este ciclo interminable de inestabilidad, descontento popular, protestas y el surgimiento de nuevos líderes que proponen cambios y luego decepcionan», dice Stuenkel.
«Si Chile lo hace bien, tiene el potencial de convertirse en un país que dé el ejemplo a otros».
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