(CNN) — Un grupo de alcaldes presionó recientemente a los funcionarios de inmigración del gobierno de Joe Biden sobre las restricciones de viaje relacionadas con el covid-19, que siguen vigentes y amenazan con dañar aún más sus economías locales.
La pregunta en sus mentes: ¿Por qué no se ha permitido que se reanuden los viajes transfronterizos, que han estado suspendidos durante más de un año? Los funcionarios no tuvieron respuesta.
“Si el gobierno no quiere levantar esas restricciones, debe proporcionar una razón convincente”, dijo a CNN el alcalde Trey Méndez de Brownsville, Texas, citando una tendencia a la baja en los casos de covid-19 en su ciudad y el acceso a las vacunas.
El año pasado, al inicio de la pandemia de coronavirus, el gobierno de Donald Trump estableció límites a lo largo de las fronteras norte y sur de EE.UU., restringiendo los viajes no esenciales. También invocó una autoridad de salud pública, conocida como Título 42, que permitía a los funcionarios fronterizos rechazar a los migrantes.
Las restricciones impusieron límites a una amplia franja de viajeros transfronterizos y prohibieron a muchos migrantes buscar asilo en EE.UU. En las últimas semanas, esas restricciones han sido objeto de un intenso escrutinio, ya que los casos de covid-19 disminuyen y los viajes aéreos aumentan.
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México, por ejemplo, permite a los viajeros estadounidenses por vía aérea, pero aún existen límites sobre quién puede cruzar la frontera terrestre.
“Hemos tenido situaciones en las que las personas no pueden obtener autorización para cruzar a pie o en automóvil, pero pueden ir fácilmente a un aeropuerto y volar”, dijo el alcalde de San Diego, Todd Gloria, quien participó en la llamada del jueves pasado con funcionarios estadounidenses de inmigración, la que calificó como profesional. “Son este tipo de cosas las que no son consistentes, pero añaden frustración”.
Restricciones vigentes hasta el 21 de julio
Las restricciones, que se acuerdan mutuamente con México y Canadá, se renuevan mensualmente. Las últimas medidas, anunciadas en junio, permanecerán vigentes hasta el 21 de julio.
La administración de Joe Biden no ha proporcionado un cronograma sobre cuándo se levantarán esas restricciones por el covid-19. Esa situación genera preocupación entre las comunidades fronterizas que dependen en parte de los viajes transfronterizos para impulsar sus economías.
“Nuestra economía no se reabrirá hasta que se abra nuestra frontera”, dijo Gloria.
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Internamente, los funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. se preparan para el eventual levantamiento de las restricciones fronterizas, según dos funcionarios de la agencia. A algunos les preocupa la dotación de personal y si hay suficientes agentes y funcionarios para procesar a un mayor número de personas, dijo uno de los funcionarios.
“No tenemos la mano de obra, y esa es la realidad”, dijo el funcionario a CNN.
La Oficina de Operaciones de Campo de Aduanas y Protección Fronteriza, que es responsable de la seguridad fronteriza en los puertos de entrada de Estados Unidos, retiró a los funcionarios a los puertos en previsión del levantamiento de las restricciones, dijo otro funcionario de la agencia.
Cuestionamientos demócratas y republicanos
El representante demócrata Henry Cuellar de Texas preguntó repetidamente a los funcionarios cuándo se espera que se levanten las restricciones, tanto en privado como en audiencias del Congreso.
“No hay tanta transparencia en el lado estadounidense”, dijo Cuellar a CNN. “Creen que es inminente, pero no hay fechas”.
Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional le dijo a CNN: “Para reducir la propagación del covid-19, Estados Unidos extendió las restricciones sobre los viajes no esenciales en nuestrp territorio y los cruces de ferry con Canadá y México hasta el 21 de julio, al tiempo que garantiza el acceso al comercio esencial. El DHS también observa desarrollos positivos en las últimas semanas y participa con otras agencias estadounidenses en los grupos de trabajo de expertos de la Casa Blanca con Canadá y México para identificar las condiciones bajo las cuales las restricciones pueden aliviarse de manera segura y sostenible”.
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El representante demócrata Brian Higgins de Nueva York también transmitió esas frustraciones por la falta de transparencia en la flexibilización de las restricciones. “Desafía la lógica. Desafía la ciencia. Desafía los hechos”, dijo a CNN Higgins, quien también se desempeña como copresidente del Grupo de la Frontera Norte, refiriéndose a las limitaciones actuales en los viajes transfronterizos. También enfatizó que las comunidades fronterizas de Estados Unidos y Canadá están inextricablemente vinculadas.
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La representante republicana Elise Stefanik de Nueva York imploró al gobierno de Biden que levantara las restricciones de viaje no esenciales en una carta de junio. “Nuestras comunidades no pueden permitirse más demoras o consentimientos; parece necesaria una acción unilateral para comenzar a reabrir la frontera”, escribió en la carta al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.
El viernes pasado, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, dijo que su país continúa “trabajando muy de cerca con Estados Unidos para asegurarnos de que estemos alineados en nuestro enfoque” para mantener seguros a los ciudadanos de ambos países. Añadió que la fecha de reapertura dependerá de cómo vayan las cosas después de que Canadá redujo su requisito obligatorio de cuarentena de dos semanas el lunes para los nacionales y residentes completamente vacunados que viajen al extranjero.
Críticas a Biden por el Título 42
Las restricciones de viaje no esenciales son parte de una red de límites relacionados con la pandemia de coronavirus que siguen vigentes y han contribuido a la confusión y la frustración.
La administración de Joe Biden también se ha enfrentado a fuertes críticas por confiar en el Título 42 de la autoridad de salud pública, que se implementó bajo el gobierno de Trump para expulsar a los migrantes encontrados en la frontera entre Estados Unidos y México. Desde octubre pasado, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos ha expulsado a 648.185 migrantes bajo la autoridad, según datos de la agencia.
Los defensores de los inmigrantes afirman que la política ha puesto a los migrantes en peligro, dejando a muchos, incluidos los que buscan asilo, en condiciones peligrosas en México. En algunos casos, las familias han optado por separarse de sus hijos, ya que los niños migrantes no acompañados no están sujetos a la política.
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Expertos en salud pública enviaron una carta al secretario de Salud y Servicios Humanos, Xavier Becerra, y al director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Dr. Rochelle Walensky, la semana pasada, argumentando que la orden “se basa en consideraciones políticas, más que en salud pública”.
Los funcionarios consideran poner fin a la orden de salud pública, aunque sigue siendo un punto de discordia entre los defensores y el gobierno.
Reunión con Kamala Harris
Los defensores de los inmigrantes plantearon la urgencia de ponerle fin a la orden de salud pública durante una mesa redonda con la vicepresidenta Kamala Harris el mes pasado en El Paso, Texas, según Taylor Levy, un abogado de inmigración con sede en California que trabaja con migrantes a lo largo de la frontera sur.
“El Título 42 ha sido básicamente un plan de estímulo de covid para los cárteles, porque pueden ganar mucho dinero”, dijo Levy. Los carteles se han aprovechado de los expulsados a México bajo la autoridad, agregó.
Un informe de Human Rights First encontró que hasta el 17 de junio se habían producido más de 3.000 secuestros y otros ataques, incluida la violación y la trata de personas, contra solicitantes de asilo y migrantes devueltos en la frontera entre Estados Unidos y México desde que el presidente Joe Biden asumió el cargo.
“No se trata solo de poner fin al Título 42. También se trata de garantizar que las personas sean bienvenidas, recibidas y se les permita continuar con sus casos de asilo de una manera que las apoye y garantice que tengan la oportunidad de buscar protección”, le dijo Kennji Kizuka, director asociado de Human Rights First, a CNN.
Liz Stark de CNN contribuyó a este informe.
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