Nota del editor: Jorge G. Castañeda es colaborador de CNN. Fue ministro de Relaciones Exteriores de México de 2000 a 2003. Actualmente es profesor de la Universidad de Nueva York y su más reciente libro, “America Through Foreign Eyes”, fue publicado por Oxford University Press en 2020.
(CNN Español) — La decisión del presidente de Colombia, Iván Duque, de legalizar el estado migratorio del 1,7 millones de venezolanos que se encuentran en su país huyendo de la catástrofe humanitaria vecina podría marcar un hito en la historia moderna de la migración en América Latina. Al otorgarle una protección temporal, pero duradera — diez años — a todos los refugiados o migrantes procedentes de Venezuela, atiende con valor e inteligencia un drama humano sin antecedentes en la región. Es un ejemplo para el resto de América Latina, pero también para EE.UU.
Como es bien sabido, la hecatombe provocada por el chavismo ha generado una marea migratoria hacia un gran número de países, no solo en el vecindario. Según algunos cálculos, más de 5 millones de personas han huido de Venezuela debido a un conjunto de factores. Estos van desde el hambre y la falta de medicinas, hasta la represión y persecución políticas, y una crisis económica devastadora. En Colombia, según las estimaciones del gobierno de ese país, hay más de 1,7 millones de venezolanos, (un poco más del 34% de la diáspora). De ellos, más de 966.000 están en condición irregular.
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El decreto de Duque resuelve todo esto por una década, al término de la cual quienes deseen permanecer en el país podrán obtener la residencia definitiva. No reciben la nacionalidad colombiana ahora, ni podrán votar, pero si tendrán acceso al sistema nacional de salud. Es el tipo de regularización que millones de latinoamericanos han deseado en EE.UU., y que sigue pendiente en varios países de la región. Se trata de una decisión que institucionaliza una política iniciada por el expresidente Juan Manuel Santos, el predecesor de Duque, y que ahora adquiere derecho de ciudad y reconocimiento internacional.
Huelga decir que en lo tocante a la diáspora venezolana, varios países de América Latina debieran seguir de inmediato el ejemplo colombiano. En Perú, Ecuador y Chile, así como en Brasil de manera un poco diferente, cientos de miles de desterrados de la tierra y la dictadura de Nicolás Maduro se encuentran en una situación precaria.
Algunos países les exigen pasaportes y visas, que no son fáciles de conseguir, justamente porque se trata de personas que vienen huyendo en condiciones abominables. En otros, se hallan hacinados en pueblos fronterizos mexicanos, en un limbo jurídico y geográfico: no pueden seguir donde estaban, ni pueden adentrarse al país siguiente. Pocos tienen acceso a atención médica, mucho menos a las vacunas contra el covid-19, y aunque se ha hecho mucho escándalo en los medios sobre el retorno de algunos a Venezuela, parece tratarse de una cantidad ínfima con respecto a los que siguen en el país.
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Pero el ejemplo colombiano no solo es pertinente para los venezolanos. Decenas de miles de centroamericanos han abandonado los países del Triángulo Norte de Centroamérica —El Salvador, Honduras y Guatemala—, huyendo igualmente en estos años de un conjunto de factores: malos gobiernos, una violencia descomunal, dos huracanes consecutivos —Eta e Iota, en 2020-, la pandemia de covid-19 y una crisis económica casi crónica.
Solicitan asilo donde llegan: en EE.UU. cuando lo logran; en México cuando no existe alternativa. Es bien sabido que en la época del expresidente Donald Trump, prácticamente desapareció la política de asilo estadounidense. Y frente a los números avasalladores de quienes fueron obligados a permanecer en México, la respuesta del gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido insignificante.
Más de 70.000 personas solicitaron asilo a EE.UU. desde Mexico durante 2019 esperando meses, si no es que más de un año, para que su solicitud sea procesada en el país del norte.
El presidente de EE.UU., Joe Biden, anunció que está haciendo planes para permitir la entrada gradual de migrantes que permanecían en México por una política de la administración de Trump (“Remain in Mexico” o “Quédate en México”). No se sabe aún cuántos inmigrantes clasificarían inicialmente, pero las cifras de las personas que buscan huir de Centroamérica son enormes y preocupantes. Según datos del Gobierno de México, el país recibió unas 112.559 solicitudes de asilo en 2019 y 2020, pero solo aprobó 33.703.
Conviene colocar estos datos en el contexto colombiano. El país andino-caribeño tiene dos veces y medio menos población que México; EE.UU. alberga a ocho veces más habitantes que Colombia. Si Estados Unidos aceptara un millón de refugiados centroamericanos al año (un número enorme), durante diez años (algo inconcebible), la cifra anual representaría el 0,3% de la población estadounidense. El total al cabo de una década apenas se acercaría al porcentaje ya señalado de la población colombiana (un 3%). Huelga decir que EE.UU. se encuentra en una situación infinitamente más cómoda que Colombia para recibir esas multitudes hipotéticas.
Hay muchas cosas que criticarle a Iván Duque.
Entre otras, que defensores de derechos humanos, periodistas, líderes indígenas y otros activistas han sufrido amenazas de muerte y actos de violencia, ante lo cual el gobierno ha adoptado medidas insuficientes para protegerlos, según el Informe Mundial 2021 de Human Rights Watch.
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La implementación de los acuerdos de paz no avanza. Pero su decisión sobre los venezolanos es aplaudible y más: constituye un ejemplo para tirios y troyanos.
