(CNN Español) –– Integrantes de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional de Panamá entregaron este lunes al jefe del Ministerio Público un informe sobre supuestos abusos a menores de edad, que estaban bajo la responsabilidad del Estado en albergues infantiles del país.
La institución ya había abierto una investigación de oficio el pasado viernes 12 de febrero. Esto ante publicaciones en medios de comunicación.
El procurador de la Nación, Eduardo Ulloa, dijo en conferencia de prensa que la comisión entregó presuntas pruebas de los abusos. En ese sentido, el funcionario se comprometió a darle celeridad al caso.
Ministerio Público abre investigación de oficio por supuesto abuso de menores en albergues de Panamá
El documento en cuestión surge por una serie de denuncias que recibió la comisión que conforman diputados. Al presentarse en el Ministerio Público, los diputados dijeron que en la investigación de campo hallaron casos de funcionarios que no hicieron su trabajo. También señalaron que encontraron niños que sufrieron maltratos e incluso abuso sexual.
«Le hemos solicitado al jefe del Ministerio Público, al señor procurador, que proceda con estas investigaciones. Y creemos, de manera respetuosa, que una parte importante es que se ordene, también de manera procesal, el cierre de estos albergues», expresó la diputada Kayra Harding, integrante de la comisión.
Compromisos tras informe sobre supuesto abuso de menores
Por su parte, la diputada Walkiria Chandler aseguró que varios de estos refugios, que están bajo la responsabilidad de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y algunos de los cuales reciben subsidios del Estado, se han convertido en «depósitos de niños en condiciones infrahumanas».
«A la fecha, se encuentran menores que siguen siendo vulnerados. Y todavía hay regentes de estos albergues que cómodamente reciben los subsidios y están profanando a estos menores», dijo Chandler. Sin embargo, afirmó que la comisión no ofrecería detalles públicamente para no viciar el proceso.
Ante estos dichos, el procurador Ulloa prometió que tomarán las medidas de protección necesarias para garantizar el bienestar de los menores. Señaló que investigarán si los funcionarios cumplieron su obligación en esos centros infantiles. Además, que buscarán determinar si la labor de supervisión y fiscalización que correspondía a cada institución se hizo de manera efectiva.
Ante los señalamientos, la Secretaría de la Niñez emitió un comunicado. En el pronunciamiento se comprometió a tomar «las medidas administrativas, legislativas, judiciales y de cualquier otra índole» para garantizar que «hechos del pasado, conforme al informe emitido por la Asamblea Nacional de Diputados de Panamá, no vuelvan a suscitarse, vulnerando los derechos de la niñez y adolescencia bajo las medidas de protección».
Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Social, del que depende la Secretaría de la Niñez, señaló en un comunicado que repudia «todo acto que atente contra los derechos humanos» de los menores. También explicó que realiza monitoreos e intervenciones para revisar el cumplimiento de los estándares de calidad de los albergues.
