(CNN) — El Ministerio Público de Panamá abrió una investigación de oficio ante las denuncias de supuesto abuso de menores de edad en albergues infantiles, basándose en publicaciones de medios de comunicación del país, según informó este viernes a través de un mensaje en su cuenta de Twitter, en el que detalla que pide informes a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF), al Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y a la Asamblea Nacional de Panamá.
El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) pidió el jueves a las autoridades panameñas que se investiguen con prontitud las denuncias sobre supuestos abusos y maltrato contra niños, niñas y adolescentes en algunos albergues del país, revelados en un informe de la Asamblea Nacional de Panamá.
En un comunicado Unicef recordó que los menores de edad en refugios “están bajo la protección especial del Estado» y que para prevenir cualquier forma de violencia, abuso y maltrato se deben dejar de lado los intereses tanto individuales como corporativos y poner a la niñez por delante.
Este lunes, la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional de Panamá reveló un informe preliminar al que tuvo acceso CNN, en el cual se asegura que a través de la investigación de campo constataron “evidencias concretas de abusos, violencia y maltratos físicos a niños, niñas y adolescentes albergados, sobre todo cuando tienen alguna condición de discapacidad intelectual».
Según el documento, que no ofrece detalles de los hechos, se trata de una investigación que empezó en agosto de 2019, por parte de una subcomisión conformada por 4 diputados, y que se abrió por denuncias contra una fundación que manejaba un refugio, la cual recibía subsidio por parte del Estado, y debía ser supervisada por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, denominada SENNIAF.
Se asegura que por esa investigación se detectaron más casos en albergues a nivel nacional.
La diputada Zulay Rodríguez, presidenta de la Comisión que hizo las pesquisas, reveló a CNN que por protección a las víctimas y para no alertar a los posibles responsables tienen en reserva otro informe, que consta de más de 500 páginas, con testimonios y fotografías recabados durante seis meses y que será entregado la próxima semana, cuando según dijo, se presentará la denuncia penal.
Situaciones como falta de protocolos y de personal especializado, así como operación sin permiso de funcionamiento fue parte de lo detectado, según el documento preliminar.
«A lo largo de la investigación descubrimos que a nivel nacional aparecen albergues en funcionamiento sin que SENNIAF supiese de su existencia», se asegura en el informe y agrega que encontraron a menores de edad con discapacidad que no recibían atención especializada.
En este documento no se menciona directamente a los posibles responsables de delitos ni las fechas en cuestión, pero a través de un comunicado, la SENNIAF se comprometió a tomar «las medidas administrativas, legislativas, judiciales y de cualquier otra índole” para garantizar que “hechos del pasado conforme al informe emitido por la Asamblea Nacional de Diputados de Panamá, no vuelvan a suscitarse vulnerando los derechos de la niñez y adolescencia bajo las medidas de protección».
Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Social, que administra a la SENNIAF, señaló en un comunicado que repudia “todo acto que atente contra los derechos humanos” de los menores y explicó que realiza monitoreos e intervenciones para revisar el cumplimiento de los estándares de calidad de los albergues.
Indicó que entre agosto de 2019 y noviembre de 2020 se cerraron 8 albergues e informó que el año pasado se presentaron denuncias penales por delitos de maltrato a menores de edad.
Respecto al informe en cuestión, el Ministerio de Desarrollo Social asegura que lo ha pedido a la Comisión de la Asamblea sin éxito, pero que independientemente de ello, toman acciones legales, penales y administrativas en los albergues para niños y adolescentes en los que han encontrado incumplimiento o mal uso de los recursos que proporciona el Estado.
“El MIDES jamás se ha pronunciado en lo que llegamos al término de la investigación”, aseguró la diputada Walkiria Chandler, quien dirige la subcomisión que investigó, a CNN al preguntarle sobre la supuesta negación de entregar el informe.
“El MIDES no pidió absolutamente nada”, expresó detallando que la Comisión hizo que comparecieran utilizando las facultades legislativas.
