(CNN Español) — La Corte Provincial de Pichincha acogió este martes el pedido de la Fiscalía General de Ecuador para que se incluya al alcalde de Quito, Jorge Yunda, en la investigación del presunto delito de peculado en la compra de pruebas de covid-19 en 2020, informó la Fiscalía en un comunicado.
La Fiscalía vincula a Yunda como «presunto autor mediato» y a otras seis personas como presuntos coautores en la compra irregular de 100.000 pruebas PCR que habría significado un perjuicio al Estado de US$ 4,2 millones.
Jorge Yunda, que la semana pasada había rechazado las acusaciones, se pronunció en Twitter este martes tras la decisión judicial: «He recibido el apoyo de quienes no pensaba pero me conocen y el abandono de quienes me conocen y se hacen, soy médico y mi vocación siempre será salvar al prójimo».
Antes de la audiencia en la Corte Provincial, Yunda dijo que si debe ir a prisión lo hará con la frente en alto. «Tengo la conciencia tranquila -afirmó-. Nuestro siguiente paso, conseguir vacunas para Quito, si tengo que ir preso por salvar vidas, me iré con la frente en alto».
Según el comunicado de la Fiscalía, el presidente de la Corte Provincial, Vladimir Jhayya Flor, ordenó para Jorge Yunda la prohibición de salida del país, el uso de dispositivo electrónico de vigilancia y presentaciones periódicas ante la autoridad.
La Fiscalía asegura que el Municipio adquirió pruebas PCR con menos porcentaje de detección del virus incumpliendo con especificaciones técnicas que habrían sido de conocimiento de Yunda y otros funcionarios, «constituyendo una lotería en los resultados».
La semana pasada, además de decir que estaba listo para colaborar con la justicia, Jorge Yunda aseguró que no había cometido «ningún ilícito» en toda su vida. «Luchamos contra esta pandemia y la tasa de mortalidad nos dice que salvamos miles de vidas. Estaré presto para colaborar con la justicia», enfatizó entonces.
En 2020, la Fiscalía procesó a varios exfuncionarios, entre ellos al exsecretario de Salud del Municipio de Quito, Lenin Mantilla, por su presunta participación en el delito de peculado, luego de una compra de 100.000 kits de pruebas para covid-19 durante la emergencia de salud por la pandemia que habría incurrido en sobreprecio.
Un juez pidió prisión preventiva para Mantilla en noviembre de 2020, pero no ha podido ejecutarse el pedido debido a que el exfuncionario se encuentra prófugo, según la Fiscalía. En junio del año pasado, Mantilla negó la adquisición de pruebas con sobreprecio. En una conferencia de prensa aseguró que el proceso fue «transparente y legal».
