(CNN Español) –– Detenciones arbitrarias, fabricación de cargos falsos, hacinamiento en las cárceles, abuso de detenidos y la amenaza silenciosa de contraer el covid-19 en prisión constituyen algunas de las tácticas que, según Amnistía Internacional, las autoridades ejecutan en Nicaragua para acallar la denuncia pública. La ONG describió la situación este lunes al presentar, en conferencia virtual, su tercer informe sobre el país. El reporte se titula «Silencio a cualquier costo: Tácticas del Estado para reforzar la represión en Nicaragua».
Según el documento, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reportó que a un total de 1.614 personas las encarcelaron arbitrariamente entre abril de 2018 y octubre de 2020, por participar en manifestaciones.
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En 2019 el gobierno de Daniel Ortega se comprometió a liberar a aquellos detenidos en el contexto de las protestas. Sin embargo, el informe afirma que «en noviembre de 2020, más de 100 personas permanecían en prisión».
Amnistía Internacional dice que organismos internacionales, incluyendo la CIDH y el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas, «señalan que continúan recibiendo denuncias sobre detenciones arbitrarias de personas que han participado en protestas públicas o de quienes critican las políticas del gobierno» de Nicaragua.
El informe asegura que, según abogados de opositores detenidos, estos son acusados por delitos como extorsión y tráfico de drogas. Señalamientos que además dañan su reputación.
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Amnistía Internacional registró que la mayoría de los presos «duermen, comen y viven cada hora del día dentro de la celda». También que «estas condiciones de detención violan una serie de estándares internacionales».
CNN solicitó una reacción a la Policía Nacional sobre las detenciones de opositores y al Ministerio Público sobre la formulación de cargos. Pero, las autoridades no han respondido a nuestra solicitud.
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CNN también trató de obtener a través de los canales oficiales una opinión del Ministerio de Gobernación sobre las condiciones en las que guardan prisión los detenidos. Además, consultó al Poder Judicial sobre los juicios a opositores. En ambos casos, aún esperamos respuesta. También contactamos al Consejo de Comunicación y Ciudadanía, coordinado por la vicepresidenta Rosario Murillo. Sin embargo, hasta el momento no han hecho comentarios.
El gobierno de Nicaragua no reconoce la existencia de presos políticos. Y argumenta que todas las personas detenidas son reos comunes. También han negado en reiteradas ocasiones que haya maltrato a prisioneros en las cárceles del país.
Paquete de leyes
Amnistía Internacional destaca que otra de las tácticas del Estado para reforzar la represión es la aprobación de un paquete de leyes para silenciar las críticas y el disenso y provocar la «muerte civil» de dirigentes opositores.
El 19 de octubre de 2020, la Asamblea Nacional aprobó la llamada Ley de Regulación de Agentes Extranjeros. Esta norma obliga a personas naturales o jurídicas que reciben financiamiento desde el exterior a registrarse ante el Ministerio de Gobernación. También a presentar informes periódicos, bajo pena de sanciones como multas o cierre.
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Sobre este punto, Amnistía Internacional afirma: «Mientras la Ley tiene como supuesto objetivo prevenir ‘injerencias foráneas’, un análisis pormenorizado de sus artículos sugiere que es una nueva herramienta para frenar actividades de organizaciones que son percibidas como críticas y que dependen de financiamiento externo para llevar a cabo sus actividades de investigación, defensa jurídica gratuita y promoción de derechos humanos».
Por otra parte, la ley de ciberdelitos del país establece sanciones tales como el encarcelamiento y multas por la divulgación de información falsa o por perjudicar la reputación de una persona, entre otros puntos. De acuerdo con el informe, la CIDH afirma que la ley «otorga discrecionalidad a las autoridades para sancionar penalmente la libertad de expresión«.
Amnistía Internacional también alertó por la ratificación de la reforma constitucional que establece la prisión perpetua por los llamados crímenes de odio. La organización afirma que existe temor de que sea potencialmente utilizada para castigar a opositores.
