La Corte Suprema de Argentina limita temporalmente el traslado de jueces cuestionados por el oficialismo

(CNN Español) — La Corte Suprema de Justicia de Argentina falló este martes en el caso de dos de los jueces federales que mantienen una disputa legal con el gobierno de Alberto Fernández y el oficialismo en el Senado, según el escrito al que accedió CNN.

El fallo declaró inconstitucional la resolución del gobierno que había apartado a los magistrados de sus actuales cargos en septiembre y los restituyó en sus funciones, aunque solo de manera transitoria hasta tanto se nombren jueces elegidos en nuevos concursos con acuerdo del Senado. Ambos jueces, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, podrán presentarse para concursar por los cargos que actualmente ocupan.

La decisión es vista como una derrota jurídica para los magistrados, quienes intervienen en causas de presunta corrupción y buscan mantenerse en sus actuales cargos de manera definitiva.

El oficialismo considera que deben ser desplazados porque no fueron nombrados para esos cargos específicos sino trasladados desde otros tribunales durante el gobierno de Mauricio Macri, una práctica habitual en el país.

Si bien la Corte había avalado los traslados de jueces en 2018 mediante dos acordadas, en este nuevo fallo estableció que no existe ninguna norma jurídica que permita afirmar que un traslado es definitivo y que aquellos casos donde esto ocurrió obedecen a “costumbres inconstitucionales”.

El voto de mayoría en el máximo tribunal sostuvo que la Constitución sólo admite designar jueces por concursos y no por traslados definitivos, porque esta práctica puede afectar la independencia del poder Judicial, dice el fallo. Además, la Corte instó al Congreso a revisar todos los traslados de jueces y a dictar una ley que los regule.

La Corte también declaró la inconstitucionalidad del actual Reglamento de Traslado de Jueces del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, una decisión con potencial impacto político y judicial en todo el país.

Además, la Corte ordenó al Consejo de la Magistratura, que elige y controla a los jueces, que promueva y active la realización de los concursos de los cargos vacantes y restringir al máximo la promoción de nuevos traslados.

“El traslado es una práctica que se ha ido asentando, incluso legalmente, pero no es algo querido ni deseado por la Constitución”, explicó a CNN Roberto Gargarella, constitucionalista e investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). “La desarrollaron todos los gobiernos a partir de una anomalía que es la dificultad que se encuentra para nombrar nuevos jueces. Con la excusa de que los nombramientos se postergan, van completando las vacantes con jueces que ellos consideran más amigables”, afirmó el experto.

El fallo era esperado desde hacía semanas y conlleva un impacto político en medio de una tensa relación entre los jueces de la Corte y el oficialismo por el proyecto de ley para reformar la justicia federal (multiplicando la cantidad de jueces y fiscales) y un enfrentamiento público entre la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y un sector del Poder Judicial por el avance de las investigaciones en su contra. Fernández de Kirchner siempre negó esos cargos y fue enfática al atribuir el avance de esos procesos judiciales a una “persecución política” del gobierno anterior en supuesta connivencia con un grupo de funcionarios judiciales.

A este contexto, se suman las tensiones entre los propios miembros del máximo tribunal y un pedido oficialista de juicio político contra el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, quien niega las acusaciones y votó en disidencia con la mayoría de sus colegas, según el fallo. A diferencia de Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Elena Highton de Nolasco y Ricardo Lorenzetti, el presidente del tribunal afirmó que los jueces trasladados no son jueces subrogantes ni jueces en comisión. Por eso, dijo, sus traslados son definitivos.

Los dos magistrados trasladados intervinieron -entre otros casos- en causas judiciales contra Fernández de Kirchner. La Corte debe también fallar en los próximos días o semanas sobre la situación de un tercer juez, Germán Castelli, quien integra el tribunal que debería juzgarla en un futuro por el caso de los cuadernos de la supuesta corrupción.

El juez Bruglia le dijo a CNN que la decisión del oficialismo de haberlos desplazado en septiembre “es una violación a la seguridad jurídica”, y que “los traslados solicitados por los jueces siempre fueron permanentes”. Actualmente, los tres jueces se encuentran de licencia.

Antecedentes

En 2018, los dos jueces habían sido trasladados -con su consentimiento- para ocupar vacantes en la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires. Antes de los traslados que dispuso el expresidente Macri, Bruglia estaba en el Tribunal Oral Federal 4 de los tribunales de Comodoro Py y Bertuzzi, en el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata.

Los traslados fueron solicitados por los jueces, aprobados por el Consejo de la Magistratura (el órgano que elige y controla a los jueces), el poder Judicial y el propio Ejecutivo, entonces a cargo de Macri.

Bruglia y Bertuzzi pasaron a ocupar cargos clave en la justicia federal. La Cámara de Apelaciones es el tribunal que revisa los fallos de los jueces de primera instancia que investigan al poder central en casos de presunta corrupción, entre otros. En estos cargos, ambos jueces confirmaron varios procesamientos contra la actual vicepresidenta.

Desde entonces, los traslados de ambos jueces son motivo de discusión política debido a la relevancia de los cargos en cuestión y las decisiones que desde allí se tomaron en expedientes clave para el oficialismo, que entonces era oposición y criticaba las decisiones del gobierno de Macri.

«Si yo quisiera manipular la justicia, como dicen, me hubiera hecho el distraído y hubiera traído jueces federales que me caen simpáticos del interior (del país) para cubrir vacantes de juzgados federales en la Ciudad y en Buenos Aires», dijo el presidente Fernández en una entrevista a radio Metro. El jefe de Estado sostuvo que su objetivo es «que la justicia se reforme para que funcione mejor».

El oficialismo sostiene que aquellos traslados de 2018 fueron “inconstitucionales”. Gerónimo Ustarroz, representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, el organismo que elige y controla a los jueces, dijo a CNN que revisaron más de 30 traslados de magistrados realizados durante los últimos años y que, en muchos casos, los movimientos no cumplían con el reglamento de los traslados, pero que, además, según el oficialismo, había 10 casos que revestían cuestiones “constitucionales”, entre los que se encontrarían Bruglia y Bertuzzi.

La discusión puntual subyace en la letra chica de las normas. Ustarroz explicó que esos traslados alteraron principios básicos del reglamento: misma competencia, mismo grado. El funcionario sostiene que, en caso de no cumplir con estos requisitos centrales, los traslados deberían ser tratados también en el Senado, algo que no sucedió en 2018.

Los jueces en medio de la controversia contradicen esta postura. Bruglia le dijo a CNN que los jueces de tribunales orales tienen la misma categoría o grado que los jueces de la Cámara de Apelaciones (son todos camaristas); y que, si bien en su caso y en el de Bertuzzi los tribunales orales tienen solo competencia criminal (delitos más graves) y ellos pasaron a ocupar un tribunal criminal y correccional (se suman delitos menos graves, de hasta tres años de prisión), la jurisprudencia demuestra que en ambos cargos han cumplido las mismas funciones.

Hubo otro punto central en el enfrentamiento. Cuando la cuestión llegó al Senado, Bruglia y Bertuzzi no se presentaron para defender sus traslados, ya que sostienen que siempre fueron definitivos y que nunca habían necesitado el aval de la cámara alta, como explicó Bruglia a CNN. No haberse presentado ante el Senado este año fue otra carta del oficialismo para desplazarlos de los cargos que ocupan.

Los traslados

En 2019, el propio Consejo de la Magistratura admitió que los traslados de jueces no suelen cumplir con el reglamento. El organismo resaltó en un documento que esa norma se había incumplido en “numerosas resoluciones”.

El fallo generó posturas encontradas. “En 2018, la Corte ya se pronunció sobre el traslado de los jueces y los aprobó cuando se trata de traslados entre cargos equivalentes”, por ejemplo, entre juzgados federales, como estos tres casos, explicó la constitucionalista Adelina Loianno ante la consulta de CNN. Por eso, sostuvo, “no había necesidad de un nuevo pronunciamiento del Senado” en 2018, y agregó que la cámara alta “nunca debió intervenir en esto”, en referencia al tratamiento que se le dio este año.

Ustarroz plantea lo contrario: “Estos casos puntuales deberían haber pasado nuevamente por el Senado porque las diferencias de competencia y grado son centrales y por la importancia de los cargos en disputa”.

“El caso de los tres jueces, en un punto, es anecdótico con respecto a lo que está en juego: el principal control institucional que puede encontrar el gobierno es la Corte y con este caso va a posicionarse frente a un gobierno. Todos estamos esperando la decisión para leerla en clave”, dijo Gargarella antes de que se diera a conocer el fallo. “La Corte también tiene un olfato político”, concluyó. A su vez, “cuando el poder político toca las reglas del juego y lo hace a su favor, el gobierno debe dar una razón extraordinaria de por qué lo está haciendo”, concluyó. “Si no lo hace, en términos constitucionales sería inválido”.

El oficialismo esperaba el fallo de la Corte para activar un concurso para ocupar lo antes posible los cargos de Bruglia y Bertuzzi, confirmó Ustarroz. De esta manera, podrían proceder con el nombramiento de nuevos jueces titulares para la estratégica Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, con sede en la Capital Federal. Algo que requiere los votos en el Senado y con lo que el gobierno de Macri no contaba en 2018 y 2019. Sin embargo, ese escenario ahora cambió: deberán iniciarse concursos de cero y permitirles participar a los jueces Bruglia y Bertuzzi.

Otros antecedentes de la decisión

El exministro de Justicia del gobierno de Macri, Germán Garavano, dijo a CNN que los traslados de 2018 se hicieron conforme al reglamento y a las acordadas de la propia Corte Suprema. “Fueron realizados para cubrir vacantes y, más tarde, los propios jueces solicitaron al Consejo de la Magistratura quedar en esos tribunales de manera definitiva”. El exfuncionario sostuvo que “el Consejo estableció en 2018 que los traslados definitivos cumplían con el reglamento. Luego consultó al Ejecutivo y éste consultó a la Corte Suprema”.

En aquel momento, el máximo tribunal respondió al Ejecutivo que estos traslados no necesitaban un nuevo acuerdo del Senado, debido a que se trataba de cargos federales. “Si hubiesen sido traslados de tribunales nacionales a federales, entonces, según la Corte, sí deberían haber pasado por el Senado. Estos no son los casos. Los tres jueces ya eran magistrados federales y ya tienen un acuerdo del Senado, que en su momento intervino en sus nombramientos”, agregó Garavano.

Los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli defienden sus traslados de 2018, basándose en la aprobación que realizó en su momento la propia Corte Suprema, que autorizó al Ejecutivo a hacerlo. Por ello solicitaron en agosto al máximo tribunal que decida de manera urgente sobre la decisión del oficialismo, según confirmaron a CNN los propios jueces.

Loianno, como otros constitucionalistas, ha señalado también que “esto es un tema institucional” sobre la división de poderes y que la Corte ha “demorado” su fallo, incluso cuando ya tenía una posición tomada sobre el asunto, según sus acordadas de 2018. El máximo tribunal no ha hecho manifestaciones públicas sobre este caso. Se remite a su sentencia.

El 29 de septiembre, la Corte suspendió temporalmente sus traslados. Restaba resolver sobre el fondo de la cuestión: si la decisión del oficialismo de trasladarlos nuevamente a sus cargos originales es o no constitucional.

La decisión del oficialismo

“Uno de los proyectos más visibles y con más fuerza que han sido impulsados este año por el Gobierno es actuar sobre el tablero del poder Judicial”, afirma Gargarella, “ya sea en el nombramiento de jueces, la reorganización de la Corte suprema y de los tribunales federales, la intención de nombrar un nuevo Procurador General (jefe de los fiscales), entre otras decisiones”, agregó el experto consultado. “Ese proyecto —además— no puede explicarse sin tener en cuenta el contexto de las causas abiertas contra funcionarios y exfuncionarios del oficialismo”, sostiene Gargarella.

El 16 de septiembre, la mayoría oficialista trató el asunto de los traslados en el Senado. El oficialismo decidió que los tres jueces debían regresar a sus cargos originales, debido a que el gobierno de Macri no había solicitado el acuerdo de la cámara alta en 2018, como según ellos marca la Constitución.

Tras la votación de la mayoría oficialista en el Senado, el 17 de septiembre el presidente Fernández ordenó por decreto que los tres jueces fueran trasladados a los cargos que ocupaban antes de 2018, según se publicó en el Boletín Oficial.

El decreto presidencial también reveló un dato extra: el presidente no sólo dejó sin efecto los traslados de 2018, sino que, además, para que el juez Bertuzzi regrese a su cargo original, debió revocar también un traslado anterior realizado por el gobierno de la entonces presidenta Fernández de Kirchner, en 2010, que se había instrumentado en los mismos términos que durante la gestión de Macri, según consta en el decreto.

En aquella oportunidad, Bertuzzi pasó de un tribunal federal de la provincia de Buenos Aires a otro de la ciudad de Buenos Aires. Ya en 2018, pasó a un tribunal de la Cámara Federal.

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