La Asamblea Nacional de Nicaragua aprueba una Ley de Agentes Extranjeros que la oposición considera inconstitucional

(CNN Español) — La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó este jueves una Ley de Regulación de Agentes Extranjeros que requiere que las personas naturales o jurídicas, nicaragüenses o de otras nacionalidades, que actúen como agentes extranjeros, deberán abstenerse de intervenir en cuestiones y actividades de política interna, so pena de sanciones legales.

La norma también prohíbe a esas personas u organizaciones “financiar o promover cualquier tipo de organización, movimiento, partido, coalición, alianza o asociación que desarrolle actividades políticas en Nicaragua».

Libertad de expresión, en la mira del Gobierno de Nicaragua

La ley fue aprobada con 70 votos a favor, 17 en contra y 4 abstenciones. Según los diputados oficialistas, abona al ordenamiento jurídico y a la soberanía nacional, pero para los diputados opositores violenta derechos humanos, políticos y económicos que la constitución reconoce a los nicaragüenses.

Lo que dice la oposición sobre Ley de Agentes Extranjeros en Nicaragua

El diputado Wálmaro Gutiérrez, de la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional, dijo a CNN que «lo que hace esta ley es crear un registro de agentes extranjeros para que toda persona natural o jurídica que represente intereses extranjeros en territorio nacional, y reciba recursos del extranjero para desarrollar esa actividad -que sea lícita-, sencillamente se registre ante el órgano regulador y realice sus informes de carácter periódico».

El diputado opositor Maximino Rodríguez, del Partido Liberal Constitucionalista, analizó la ley desde la óptica opuesta: «Si eres agente extranjero y le das un servicio profesional a un organismo o a una persona natural extranjera, o recibes dinero del extranjero, tienes que registrarte, y cuando te registras estás inhibido de tus derechos civiles, políticos y laborales, incluso porque no puedes ser candidato a alcalde, a concejal, no puedes ser candidato a diputado, a presidente o vicepresidente, y no puedes optar a cargos públicos».

El artículo 5 del dictamen muestra ciertas excepciones de la ley, como los organismos intergubernamentales humanitarios, las misiones diplomáticas, los organismos internacionales y las agencias de cooperación internacional.

Lo que dice la ley

También exime del registro a personas jurídicas de carácter religioso debidamente inscriptas ante el Ministerio de Gobernación, así como a los medios de comunicación internacionales y a sus corresponsales. Sin embargo, en el último párrafo del mismo capítulo establece un límite: “En el caso que las personas exceptuadas por la presente ley lleguen a realizar actividades que deriven en injerencia de personas naturales, jurídicas, gobiernos u organizaciones extranjeras en los asuntos internos y externos de Nicaragua, se aplicarán las disposiciones correspondientes de la legislación vigente».

El director de la también opositora Alianza Cívica, Juan Sebastián Chamorro, expresó en un video divulgado en sus redes sociales que «esta es una ley inconstitucional porque violenta las libertades públicas, tiene el objetivo de cercenar la capacidad de organización de las organizaciones políticas que se oponen a la dictadura, pero no se queda ahí porque también va a afectar las operación de organizaciones y fundaciones que trabajan sobre temas sociales o la defensa de los derechos humanos».

El eurodiputado José Ramón Bauzá expresó en su cuenta de Twitter: «El dictador está decidido a continuar su escalada represiva en Nicaragua. Este ataque a la democracia no puede quedar impune. Es hora de cumplir el mandato del Parlamento Europeo: suspensión Acuerdo de Asociación y sanciones inmediatas a Ortega y Murillo».

Bauzá se refiere a que el pasado 8 de octubre, el Parlamento Europeo aprobó una resolución sobre Nicaragua que establece la aplicación de sanciones contra el presidente Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, que implicarían suspender al país del Acuerdo de Asociación Comercial si la Asamblea aprobaba las iniciativas de Ley de Agentes Extranjeros y la de Ley Especial de Ciberdelito, que los parlamentarios europeos consideran antidemocráticas y violatorias de los derechos humanos.

El presidente Daniel Ortega viene acusando a líderes opositores -sin dar nombres- de recibir fondos provenientes de Estados Unidos para desestabilizar el país, sobre todo a partir de abril de 2018, cuando se iniciaron protestas antigubernamentales.

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