Tribunal de El Salvador pedirá a Italia ejecutar embargo a constructora de presa El Chaparral

(CNN Español) –– Un tribunal de San Salvador pedirá a Italia ejecutar un embargo preventivo de bienes por más de US$ 227 millones contra la empresa Astaldi por el caso de presa El Chaparral. Así consta en un fallo emitido por una jueza de la Unidad Especializada Contra el Lavado de Activos (Uecla).

La constructora italiana hace parte de un proceso penal en El Salvador por el proyecto de la presa El Chaparral. La presa se encuentra a 160 kilómetros de la capital del país.

«Este juzgado considera procedente emitir la solicitud de asistencia judicial a la República de Italia, a fin de que se materialice el embargo preventivo en bienes propios de Astaldi S.P.A., siendo su presidente Paolo Astaldi en dicho país», dice parte de la resolución. El documento fue firmado por Nora Montoya, jueza del tribunal noveno de Instrucción, en San Salvador. El fallo se emitió este lunes, pero la Fiscalía General de El Salvador lo dio a conocer este martes.

Alessandra Onorati, vocera de la empresa Astaldi, respondió a CNN a través de correo electrónico. Según señaló, la compañía trabaja en la información necesaria para dar una posición oficial y desconoce cuándo se publicará.

El embargo a Astaldi por caso de la presa El Chaparral

La jueza Montoya explicó en el documento que la medida cautelar está basada en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que El Salvador firmó en diciembre de 2003 y ratificó en junio de 2004.

La Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), parte acusadora particular en este proceso, sostiene que la firma europea tiene recursos suficientes para el embargo. «La empresa tiene un capital que asciende a más de US$ 500 millones», aseguró en conferencia de prensa Daniel Álvarez, presidente de la CEL.

Según las autoridades, el monto del embargo incluye no solo el pago en exceso por US$ 61,3 millones, sino también US$ 111,57 millones por daño emergente. Además de US$ 54,7 millones por los intereses pagados por los préstamos con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Orlando Quijano, gerente legal de la CEL, sostuvo: «Lo que la querella solicitó se está cumpliendo y confirmando que todos los imputados están vinculados con este acto de corrupción».

“Lo que la querella solicitó, se está cumpliendo y confirmando que todos los imputados están vinculados con este acto de corrupción”. Orlando Quijano, Gerente Legal. pic.twitter.com/KtGTrWsXkJ
— CEL (@CEL_ElSalvador) September 29, 2020

La construcción

Astaldi comenzó los trabajos de construcción de la presa El Chaparral en 2008, durante la presidencia de Antonio Saca (2004-2009). Saca cumple una pena de 10 años de cárcel desde septiembre de 2018, convicto los delitos de peculado y lavado de dinero y activos. Esto, tras declararse culpable por el desvío de fondos públicos por más de US$ 300 millones.

La obra sufrió retrasos y cambios en el diseño. Según la Fiscalía de El Salvador, durante el mandato de Mauricio Funes (2009-2014), el Gobierno promovió un acuerdo con Astaldi para evitar una demanda y le pagó US$ 108,5 millones. Lo anterior a pesar de que solo se había construido el 29% de la presa. De ese monto, aseguró el tribunal, más de US$ 45 millones fueron malversados. Parte de ese dinero, sostienen las autoridades, habría terminado en las cuentas de Funes.

LEE: Fiscalía de El Salvador dice que gobierno de Funes desvió US$ 45 millones en caso El Chaparral

El exmandatario, que vive en Nicaragua desde 2016, ha rechazado las acusaciones. «¿Dónde están las pruebas que dispuse de un dinero que no era mío y lo transferí a empresas que tampoco son mías?», escribió en su cuenta de Twitter en agosto.

Además de Funes, la fiscalía acusa a cinco personas más por los delitos de peculado, lavado de dinero y agrupaciones ilícitas.

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